El flamante presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, es un juez con una impecable trayectoria profesional. No se le conoce identidad política y se ha comprometido a convocar a elecciones generales antes de los seis meses. Su carácter de presidente transitorio le otorga una importante legitimidad política: como todos saben que se va rápido y como no hay facturas que pasarle, la mayoría de los dirigentes políticos y sociales lo miran con buenos ojos y le han dado un crédito que seguramente no lo habría tenido un político partidario.
Todos saben que la situación social y política es delicada, muy delicada. Desde hace décadas Bolivia anda mal pero a los problemas tradicionales (pobreza, discriminación, fragmentación política) se suma ahora el peligro de la secesión, en tanto en las provincia de oriente (Santa Cruz de la Sierra, Pando, Tarija y Beni) se ha empezado a hablar de este tema.
Rodríguez debe convocar a elecciones, pero al mismo tiempo debe dar una respuesta, o algo que se le parezca, al referendo autonomista y a la asamblea constituyente reclamada por los líderes opositores. Saber que se es presidente solamente para convocar a elecciones puede ser una gran ventaja política, pero reducir la actividad presidencial a esa convocatoria es al mismo tiempo una gran desventaja.
Lo que hay que preguntarse es si la convocatoria electoral resuelve algo. Según las encuestas, hoy los candidatos preferidos por los bolivianos serían Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, es decir, dirigentes tradicionales que ya estuvieron en el poder y no resolvieron nada. Evo Morales está cuarto en las preferencias, y si bien falta evaluar el voto rural, nadie cree que sus expectativas vayan a crecer demasiado. Felipe Quispe no ha sido encuestado, pero en la última semana lo único que se conoce de él son sus declaraciones a favor de la república aymará. También se dice que ponderó los beneficios revolucionarios de la guerra civil, pero quiero creer que esa información es incompleta o ha sido sacada de contexto…quiero creerlo….
Atendiendo a la fragmentación política y a la profundidad de la crisis, hay motivos para postular que la convocatoria a elecciones, con ser importante, no es suficiente. Si las encuestas no mienten, el presidente a elegir pertenecería a los elencos tradicionales y llegaría al poder con el veinte por ciento de los votos. ¿Hay razones para creer que con los mismos hombres y la misma representatividad se pueda hacer algo diferente?
El problema más serio que hoy tiene Bolivia como nación, es la secesión. Está claro que este fenómeno es la consecuencia de la miseria, la corrupción estatal, la mala administración del poder, la segregación racial, los fracasos militares, pero el punto que pone en evidencia la profundidad de la crisis es la desintegración nacional. Todo país tiene problemas más o menos graves, pero la enfermedad ingresa en zona terminal cuando se anuncia la ruptura del contrato que une a un pueblo.
Y al respecto, lo que debe quedar en claro es que la categoría «nación» es histórica, esto quiere decir que no está escrito en ningún lado que una nación vaya a existir para siempre. Las experiencias de Europa, Africa y Asia así lo enseñan. En América latina, con todos sus problemas, se ha logrado en sus doscientos años de vida independiente mantener la unidad nacional de sus países; esto es importante, pero no asegura que en el futuro esta tendencia no se rompa. La unidad territorial de América latina no es la regla general, es la excepción, y alguna vez esa excepción puede romperse.
Se podrá decir que Bolivia aún está lejos de vivir esa experiencia, pero lo que no se puede negar es que el tema ya se ha instalado y, si no hay respuestas eficaces, lo que ahora es apenas una especulación puede llegar a transformarse en una cruenta realidad. Si la crisis no empieza a resolverse -y por el momento no hay indicios creíbles de que esto ocurra- la alternativa secesionista va a crecer.
Si esto ocurriera, la intervención de las fuerzas armadas sería inevitable. ¿golpe de Estado? Algo parecido, En recientes declaraciones, los mandos militares dijeron que esperan que los civiles resuelvan los problemas y que ellos sólo intervendrían en caso de que esté en peligro la unidad territorial. Más claro echarle agua: las fuerzas armadas se reservan el rol de ser las últimas garantes de la unidad nacional.
Lo que habría que preguntarse, en todo caso, es si los militares estarían en condiciones de dar respuestas efectivas a la crisis. Imposible por ahora especular en ese sentido, pero no es fantasioso informar y advertir que desde Venezuela no se miraría con malos ojos esta alternativa.
Las fuerzas armadas de Bolivia en la actualidad suman unos 46.000 hombres: once mil pertenecen a los mandos. La tropa está integrada por soldados de origen modesto en su inmensa mayoría. Hay 23 generales en actividad, 18 almirantes y 12 brigadieres. Los entendidos en el tema dicen que entre la oficialidad predomina un sentimiento «chavista» que ha venido creciendo en los últimos meses.
No es por ser ave de mal agüero, pero queda claro que si los políticos no son capaces de dar una respuesta a la sociedad, la intervención militar, tarde o temprano, será inevitable. ¿Es esto deseable? Desde el punto de vista republicano no lo es, pero más allá de preferencias o simpatías, lo que la historia enseña es que el vacío de poder no puede existir por mucho tiempo, y que cuando esto ocurre los que se encargan de llenarlo son los militares, la única institución con capacidad estatal para administrar la crisis.
¿Podrán hacer los militares aquello que los políticos no fueron capaces? La experiencia dictamina que no, pero previamente muestra que la tentación favorable al golpe de Estado crece cuando los políticos no saben estar a la altura de las circunstancias, tal como lo están demostrando en estos momentos.
Todas estas especulaciones son desagradables. Lo ideal sería que los partidos políticos y sus dirigentes resuelvan los temas de la pobreza, integren a los excluidos, reformen el Estado para que deje de ser un sinónimo de corrupción y se transforme en un administrador racional de los intereses públicos, pero atendiendo el desarrollo de los sucesos, no hay buenos motivos para ser optimistas.