En recientes declaraciones el dirigente socialista Hermes Binner ha dicho que si es elegido gobernador va a proceder a reformar la Corte Suprema de Justicia en los mismos términos que en su momento lo hizo en el orden nacional Néstor Kirchner. No es la primera vez que Binner se refiere a este tema, pero es la primera vez que lo hace de manera tan expresa.
El anuncio es claro, pero incluye una serie de consideraciones que es bueno recordar: a la Corte Suprema provincial hay que reformarla porque su deterioro es semejante al que sufría la Corte Suprema nacional. Dicho con otras palabras; la Corte reutemanista debería correr la misma suerte que la Corte menemista y en Santa Fe la persona indicada debería dar los mismos pasos que en su momento dio Julio Nazareno.
La Corte debe ser reformada porque se ha desprestigiado y el desprestigio ocurre debido a la tendencia del oficialismo reutemanista de designar amigos y parientes en los máximos poderes del Estado. Binner promete hacer lo mismo que Kirchner, lo cual implica reconocer que lo que en su momento hizo el actual presidente fue correcto y que esa corrección debe extenderse ahora al orden provincial.
La Corte reutemanista no puede transformarse en Corte «binnerista». También en ese sentido las acciones de Kirchner han sido ejemplares, en tanto los jueces designados fueron no sólo mujeres y hombres probos, sino que, además, en la mayoría de los casos mantienen una absoluta independencia del poder político, actitud que, dicho sea de paso, hoy fastidia a algunos operadores del oficialismo nacional.
En Santa Fe no toda la Corte Suprema es un lampazo o un felpudo del oficialismo. Saber distinguir los matices y las diferencias es un rasgo de prudencia y sabiduría política, pero la distinción más sutil no puede ignorar la torpeza, la grosería con que ha procedido el oficialismo para ubicar a incondicionales en los organismos de control del Estado.
Para una sociedad que suma en el caso de la ciudad de Santa Fe más del treinta por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza, debatir sobre estos temas suena a exquisitez teórica o a lujos académicos alejados de las necesidades vitales de los pobres. Pues bien, ése ha sido el argumento de todos los manipuladores de las instituciones para sostener los privilegios, como si el hambre o la miseria no tuvieran nada que ver con el poder y el desquicio institucional.
Justamente, si hoy hablamos de la Justicia en Santa Fe es porque la opinión pública se sintió sorprendida o indignada ante la decisión de un juez de querellar a tres ex funcionarios y un ex intendente por el tema de las inundaciones, excluyendo a quien debería responder ante la Justicia por lo sucedido en su carácter de máxima autoridad de la provincia, salvo que el juez considerase que la respuesta «a mí nadie me avisó » fue satisfactoria y no merece ninguna otra consideración.
Una sociedad que funciona en cualquier parte del mundo es una sociedad en donde sus poderes constitucionales se ajustan a la ley. No hay sociedad justa sin una república democrática justa, sin instituciones fuertes, sin poderes independientes que se controlan y, bueno es recordarlo, sin ciudadanos decididos a vivir en un orden civilizado.
Un funcionario del oficialismo «cuyo nombre no quiero acordarme», me justificaba las manipulaciones habidas en el Poder Judicial citando las maniobras perpetradas por Franklin Delano Roosevelt en 1937. Según cuentan los historiadores, Roosevelt propuso aumentar el número de miembros de la Corte porque los jueces bloqueaban sistemáticamente todas sus reformas políticas y sociales.
Como a los relatos históricos hay que contarlos completos y no en fragmentos, bueno es saber que la reforma no fue aprobada y que Roosevelt se las ingenió para que a partir de su segundo mandato pueda disponer de una mínima minoría que le permitiese avanzar en su programa de cambios.
Tampoco se debe perder de vista que en esos años Estados Unidos atravesaba la crisis económica más profunda y devastadora de su historia, que el aparato productivo estaba prácticamente paralizado y que la economía se había derrumbado. El New Deal pretendía dar una respuesta en clave keynesiana a esa crisis y hoy los mismos historiadores admiten que la política de F. D. Roosevelt fue un ejemplo de reactivación económica, justicia social y reparación financiera.
Estas fueron las explicaciones que le brindé a mi ocasional interlocutor, pero como los argumentos no terminaban de convencerlo, porque ciertos oficialistas creen que disponer de una Corte servil es un auténtico acto de sensatez y viveza política, concluí diciéndole lo siguiente: admito que ante una situación grave se pueda cometer alguna desprolijidad con la Corte, siempre y cuando usted me responda a tres interrogantes básicos: ¿Es tan grave la situación en Santa Fe para hacer de la Corte un felpudo? ¿Los jueces que ustedes designan se parecen, por ejemplo, a los jueces que designó Roosevelt, es decir Robert H. Jackson, luego fiscal general en los juicios de Nuremberg o Frank Murphy uno de los juristas más reconocidos en EE.UU.? ¿Pueden compararse nuestros parientes instalados en la Corte a estos juristas? Y, por último: ¿está usted en condiciones de probar que el señor Reviglio o el señor Reutemann, por ejemplo, se parecen a Roosevelt, están a su altura o tienen la misma visión de estadista? Por supuesto que el silencio y una sonrisa pícara fue la única respuesta a mis interrogantes.
Los buenos gobiernos constitucionales, nacionales o provinciales, siempre se preocuparon por tener una Corte de Justicia independiente. Esto no lo hacían porque eran zonzos, sino porque creían en la república. Bartolomé Mitre, que no era un angelito, integró la Corte con sus rivales políticos, y un salvaje unitario como Valentín Alsina no aceptó el cargo por considerar que en algún momento había compartido con Mitre un ministerio y, por lo tanto, no le correspondía ser miembro de la Corte.
Arturo Illía llegó al poder y no tocó la Corte; Alfonsín en su momento propuso para la presidencia de la Corte a Luder y luego a Robledo, los dos principales dirigentes del justicialismo de aquellos años y, simultáneamente dos juristas de reconocido talento.
De la Rúa hizo lo que en estos casos sabe hacer, es decir, nada; pero Kirchner dio un paso que sigue siendo hasta la fecha uno de los actos que más le reconocen oficialistas y opositores: descabezó la llamada mayoría automática responsable de avalar los latrocinios de la década del noventa y de legitimar la rancia e higiénica variante criolla de los llamados «jueces de la servilleta».
Los jueces de una Corte se designan respetando los procedimientos legales y si alguna distinción se hace es de carácter ideológico y no partidario. En Estados Unidos la Corte se integra de manera más o menos proporcional con jueces conservadores y liberales; en Santa Fe si seguimos por este camino terminaremos designando como jueces a los punteros, si es que ya no lo hemos hecho.
La Constitución de 1853 establecía un procedimiento, la de 1994 establece otro. No creo que en abstracto uno sea mejor o peor que el otro, lo que importa en todo caso son las convicciones de los juristas y los legisladores, convicciones o criterios que deberán apuntar a atender dos cuestiones básicas: la independencia política y el nivel intelectual. No hace falta abundar en digresiones odiosas para hacerse cargo de que en el caso de Santa Fe ninguna de estas consideraciones fueron tenidas en cuenta.
Parece un clásico en la materia que existe una relación íntima entre jueces designados a dedo e incompetencia jurídica. El caso de Nazareno es paradigmático. En lo que hace a nuestra provincia el decoro y la vergüenza ajena me obligan a no dar nombres, pero tampoco hace falta pronunciarlos porque todos sabemos de quién o de quiénes estamos hablando.