Catorce días alcanzaron para poner entre rejas a los tres delincuentes que se fugaron del penal de General Alvear, calificado, por esos azares del lenguaje, como de “máxima seguridad”. Ateniendo a los problemas conocidos y habida cuenta de los “tiempos” argentinos en estos menesteres, podría decirse que se actuó con una moderada eficiencia. La voluntad política del gobierno nacional de ir hasta las últimas consecuencias fue importante, pero mucho más importante es la decisión de advertir que a la lucha contra el narcotráfico hay que librarla internamente, es decir, contra fuerzas de seguridad, jueces y políticos seguramente beneficiarios de los negocios criminales.
La observación es pertinente, porque por primera vez en muchos años vemos a un gobierno decidido a luchar contra el narcotráfico, una palabra que el gobierno anterior ni siquiera se tomaba el trabajo de pronunciar, una palabra tan oculta en el lenguaje K como inflación, corrupción, pobreza y república. Basta recordar que el autor intelectual, el jefe de los criminales que ahora fueron capturados, está en libertad gracias a esas “oportunas confusiones judiciales” que permiten que un jefe narco pueda fugarse con el beneficio de saber que, además, nunca será buscado. O tener presente que algunos de los protagonistas de estos negocios mafiosos fueron contribuyentes económicos de la campaña K en 2007.
Supongo que no es necesario brindar demasiadas informaciones para compartir la idea de que los Lanatta y Schillaci se fugaron gracias a la complicidad de autoridades internas. Nada nuevo bajo el sol. Ya es un lugar común saber que los presos se escapan con el acuerdo de quienes deben vigilarlos. Innecesario decir que no todos los empleados penitenciarios, como no todas las fuerzas de seguridad, son corruptos, pero con los que hay alcanza, y a veces sobra.
No me consta que el poder político o el “poder mundial del narcotráfico” hayan estado interesados en esta fuga. En el negocio “narco” estos tres sicarios son casi perejiles. Los presos con cadena perpetua siempre se quieren escapar y siempre encuentran recursos para hacerlo. En el caso que nos ocupa, se trata de delincuentes pesados, con contactos y relaciones propias de personajes familiarizados con el hampa. Esto les alcanza para escaparse y sobrevivir dos semanas, pero de allí a colocarlos en el nivel de, por ejemplo, el Chapo Guzmán, hay una gran diferencia. El propio comportamiento de los criminales demuestra la precariedad de sus recursos, para no hablar del último tramo de la historia, donde prácticamente se entregaron a cambio de un vaso de agua.
Es posible que la propia lógica interna de la cobertura periodística tienda a exagerar o sobreactuar el poder de estos sicarios, pero pasadas las tensiones del caso, queda claro que los fugados sólo contaron con el previsible apoyo de familiares y amigos. No mucho más. El otro apoyo proviene de la corrupción de las estructuras de poder, muchos de ellos más interesados en dejar en ridículo al gobierno o en poner en evidencia sus incapacidades que en preocuparse por la libertad de los delincuentes.
La “maldita policía”, cuyo poder se extiende más allá de la provincia de Buenos Aires, hace su propio juego. No es oficialista ni opositora, hace su negocio y se vale del poder que dispone para imponerle condiciones a los gobiernos. Si los fugados pudieron escaparse con un revólver de juguete y un auto viejo, visitar a sus parientes y cómplices, y merodear durante una semana por la zona, no fue por su astucia sino por la complacencia de fuerzas de seguridad que deliberadamente decidieron no dar con ellos. La información de Inteligencia dio las coordenadas exactas con relación a la tapera de San Carlos donde estuvieron refugiados los criminales. Sin embargo, se equivocaron por dos mil metros.
¿Error o maniobra? A todos nos asiste el derecho a pensar mal. Ni hablar de la última maniobra perpetrada de manera más audaz y descarada. Me refiero a la información acerca de los evadidos cuando no era verdad. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez para darle tiempo a los delincuentes, pero lo más probable es que lo hayan hecho para ponerle una zancadilla al gobierno nacional, y dejarlo al borde del ridículo.
Como se dice en estos casos, la detención de los fugados es apenas el fin del principio. Los problemas más serios se presentan en el futuro inmediato. Schillaci y los Lanatta están presos, pero el narcotráfico, sus bandas y sus redes enquistadas en el poder gozan de absoluta libertad. También están libres los funcionarios del pasado gobierno que fueron socios o jefes de quienes ahora están entre rejas.
Alienta saber que hay una voluntad política de luchar contra ellos. Esa voluntad se extiende al gobierno provincial, el mismo que en otros momentos fuera calificado por un energúmeno del oficialismo como “narcosocialista”. Curioso. Los que con errores y problemas persiguen a los narcotraficantes fueron acusados de cómplices por quienes no sólo no los persiguieron, sino que llegado el momento no vacilarían en votarlos.