Si fuera colombiano, ¿el próximo 2 de octubre votaría a favor de los acuerdos de paz firmados en La Habana o, por el contrario, me opondría a ellos? Pregunta cómoda pero de dudosa formulación por la sencilla razón de que no soy colombiano. ¿Pero, si lo fuera? Debería responder desde qué lugar opino, porque puedo ser el hijo de un secuestrado y asesinado por las Farc o, por ejemplo, el hijo de un secuestrado y asesinado por los parapoliciales, organización de extrema derecha también ligada al narcotráfico a quien el señor Álvaro Uribe cuando fue presidente le dio todas las garantías de impunidad para que accedieran a dejar las armas.
El ex presidente Andrés Pastrana afirma que la impunidad es insostenible y, además, viola los acuerdos de Roma en la materia. Otro ex presidente, Belisario Betancur, insospechable de simpatías con la izquierda, dice estar a favor de la paz por la sencilla razón de que no queda otra alternativa. A estas objeciones, los simpatizantes del NO en el futuro plebiscito, agregan que todas las concesiones las hace el Estado nacional, mientras que la guerrilla no renuncia a ninguna de sus metas, no da señales de arrepentimiento y, por si fuera poco, mientras negocia en La Habana una sede que también fue criticada- sus tropas continúan realizando operativos entre los que se incluye la muerte de once militares.
El presidente Santos parece no dudar. Considera que si bien Colombia cuenta con las fuerzas armadas más numerosas, mejor adiestradas y con mayor presupuesto de América Latina, no ha podido terminar con la guerrilla. ¿Que Uribe las había acorralado? No tanto, porque al momento de asumir Santos, las Farc sumaban más de diez mil combatientes muy bien armados.
La impunidad por principio es desagradable e injusta, pero ocurre que la impunidad deja de ser tal para transformarse por ejemplo- en “costos dolorosos” de una guerra entre hermanos, que es la calificación que se elabora cuando las partes firman en igualdad de condiciones. En ese sentido, las Farc no son una guerrilla más y su situación política no puede compararse con la de la ETA vasca, por ejemplo, a quien el gobierno español nunca le reconoció entidad política.
Por lo tanto, no sé por cuál opción votaría si fuera colombiano. Pero, además, no puedo ponerme en el lugar de quienes padecieron la ola de crímenes que azota a ese país desde hace más de medio siglo. Sí, puedo decir tentativamente que como ciudadano del mundo nunca puedo estar en desacuerdo con cualquier esfuerzo de paz que se haga, sabiendo de antemano que toda negociación en esa línea es siempre imperfecta, el producto de acuerdos cuya eficacia los pondrá a prueba el tiempo.
Está claro que si el Estado colombiano hubiera podido derrotar a la guerrilla o, a la inversa, si la guerrilla hubiera podido tomar el poder, no sería necesario un acuerdo porque una de las partes habría derrotado a la otra. Esto fue lo que obviamente no ocurrió, aunque Uribe le continúa reprochando a Santos haber capitulado ante la guerrilla después que durante su gestión estaba acorralada y reducida al mínimo su capacidad militar, motivo por el cual insiste Uribe- las Farc más que firmar la paz lo que firman es una tregua.
Se podría postular que esta vez la vocación de paz es sincera. A esa manifestación de deseos, un duro como Uribe le respondería con una sonrisa irónica y burlona. Después argumentaría diciendo que los guerrilleros de las Farc, desde sus comandantes hasta el último soldado, no saben hacer otra cosa que combatir por lo que no van a resignar sus objetivos revolucionarios como lo manifiestan periódicamente en sus libros de circulación interna; y mucho menos van a renunciar a los fabulosos ingresos económicos provenientes del narcotráfico y la explotación de enormes extensiones de tierras.
Algunas cifras son elocuentes: las Farc llegaron a explotar para la droga alrededor de 180.000 hectáreas; al momento en que Uribe dejó el poder, la explotación había descendido a 40.000 hectáreas pero diez años después suman 200.000 hectáreas. ¿Las Farc firman la paz para administrar “pacíficamente” sus estancias y sus carteles? Otro argumento “pacifista” que a Uribe sólo le hace sonreír.
Los partidarios de Santos afirman que es preferible que Timochenko, el jefe de las Farc, esté disputando sus ideas en una banca del congreso que dirigiendo la guerrilla con un fusil en la mano. La observación es atendible, pero no es menos afilada la respuesta que sugieren los partidarios de Uribe: la alternativa de Timochenko no debería ser la guerrilla o la banca, sino la guerrilla o la cárcel. Impecable respuesta, siempre y cuando el Estado disponga de fuerza para hacerlo, cosa que hasta el momento se trata de un objetivo legítimo pero de realización improbable e imposible.
Como se podrá apreciar, la discusión conduce a callejones sin salida o a dilemas en los que toda elección, como ocurre en política, se debe realizar con informaciones incompletas y sin seguridades respecto de sus resultados. Por lo pronto, ya tenemos planteado el primer interrogante: ¿se acuerda con las Farc porque no quedaba otra alternativa, como sugiere Santos?, ¿o el acuerdo es el producto de una capitulación política del Estado con el añadido -como desliza Uribe- que Santos pudo haber sido sobornado por estas Farc que nunca olvidarlo- además de guerrilla son el tercer cartel de drogas más importante del mundo y sus acuerdos los firman con personajes tan diversos como Chapo Guzmán, el cartel militar venezolano o Al Qaeda? Confieso que no poseo una respuesta definitiva a estos interrogantes, pero no está mal tenerlos presente a la hora de pensar este conflicto.
A los dilemas en tiempo presente, añadamos algunos datos duros de la realidad que no pueden desdeñarse. La “guerra” en Colombia ya lleva la friolera de más de 250.000 muertos, un número más o menos proporcional al de la guerra civil española, con la diferencia, claro está, que en España hubo un ganador evidente, por lo que no fue necesario formar ningún acuerdo de paz.
Las Farc además de ser la guerrilla más importante y antigua de América Latina -un verdadero dinosaurio que reivindica soluciones de tipo marxista leninista para Colombia- es un poder económico gravitante, porque a los ingresos del narcotráfico suma su control de territorios al punto que bien podría decirse que es el principal terrateniente de Colombia, una estrategia que están tan decididos a tomarla en serio que han contratado asesores de primer nivel entre los que se encontraría el empresario argentino Grobocopatel.
A Uribe, le asiste la razón cuando sostiene que un Estado de derecho imperfecto pero real- no puede negociar en igualdad de condiciones con insurrectos que viven del secuestro, el crimen, la extorsión y el narcotráfico. El argumento -de quien sufrió en carne propia los operativos de una guerrilla que asesinó a su padre- es académicamente inobjetable, pero lo que hay que preguntarse es hasta dónde una guerrilla con más de medio siglo de existencia no termina siendo un actor políticamente legítimo, no legal, reitero, pero sí legítimo.
En estos últimos cincuenta años, el gobierno de Colombia ensayó dos opciones para resolver le drama de la guerrilla: el acuerdo o la campaña de exterminio. Tal como se presentan los hechos, las dos soluciones fracasaron, pero al mismo tiempo importa observar que si bien las Farc lograron resistir la ofensiva del Estado, carecen de posibilidades ciertas de tomar el poder. Como en el juego de la oca volvemos al punto de partida: la paz firmada en La Habana no es la solución ideal, pero parece ser la menos mala. ¿Lo será efectivamente? Habrá que verlo, pero en principio -y por razones de principios-, apostar por la paz es una oferta muy difícil de rechazar. Es que como dijera el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, un señor que habla desde el lugar de quien los paramilitares asesinaron a su padre, mientras que la guerrilla hizo lo mismo con algunos de sus parientes: “La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.