Fue un fallo dividido. Tres jueces estuvieron a favor de la aplicación del principio del 2×1 y dos jueces se manifestaron en contra. Si las reglas de juego valen, lo que se debe respetar es el fallo de la mayoría, pero ese respeto no elude la evaluación de la gente acerca de lo que debería ser lo más justo, lo más humano o lo más legal. Palabras más palabras menos, el debate está abierto. Y es tan amplio que divide partidos políticos, opiniones de jueces y juristas, e incluso genera disidencias en el interior del gobierno. Como se dice en estos casos, la biblioteca está dividida. Inútil suponer que exista una exclusiva verdad sobre el tema. O un punto de vista más justo o más humano que otro. Cada uno de nosotros es dueño de tener su propia opinión con la tranquilidad de saber que está muy bien respaldado por la doctrina jurídica.
El debate central gira alrededor de si se debe aplicar la ley penal más benigna o si para el caso de los crímenes de lesa humanidad este principio no existe. Pequeño dilema. El principio de igualdad ante la ley aparece reñido con otro principio: el de delitos diferentes. Todos somos iguales ante la ley, pero los crímenes no son iguales. No es lo mismo Goebbels o Etchecolatz que Wagner o Badaracco, por ejemplo. Este criterio jurídico se impuso sobre todo a partir de los juicios de Núremberg y los sucesivos juicios en crímenes considerados de lesa humanidad, es decir, “todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación a las normas fundamentales”.
Los jueces que fallaron a favor del 2×1 no ignoran esto ni tampoco son cómplices de la dictadura militar. Según ellos a los delitos aberrantes se los combate con los principios y garantías del Estado de Derecho. Más allá de disquisiciones jurídicas o técnicas lo que está presente en este razonamiento es el principio del respeto a la condición humana del delincuente, incluso el que cometió los delitos más aberrantes.
Por su lado, los jueces que se opusieron al fallo que resultó mayoritario, no son ni militantes de Hebe Bonafini ni insensibles a la condición humana de los detenidos. Lo que consideran es que por principio de lesa humanidad deben respetarse. Pero hay otra consideración más concreta que se me ocurre que merece tenerse en cuenta. En el caso de Luis Muiña, al momento de cometerse los delitos y al momento de ser detenido y juzgado la ley del 2×1 no estaba vigente, por lo que se estima que no se puede solicitar un beneficio que no existía.
Seguramente, este argumento podrá ser refutado con otros excelentes argumentos, porque como suele decirse cada vez que se presentan en la sociedad temas controvertidos, la biblioteca jurídica se divide y luego de los debates y las discusiones del caso, las decisiones que se toman son las de la más elemental regla de aritmética: gana el que tiene más votos, porque termina siendo la única manera práctica de zanjar disidencias que seguramente -luego de la votación- la doctrina seguirá discutiendo y hasta es posible que dentro de unos años en una situación parecida el fallo sea diferente. ¿Está mal, está bien? No lo sé, pero no se me ocurre otro camino para actuar. Los hombres pretenden de la Justicia el máximo de perfección pero no es perfecta por la sencilla razón de que está integrada por hombres que deben actuar en contextos históricos difíciles y, además, cambiantes. Es decir que a la hora de decidir, están sujetos a dilemas y paradojas inevitables.
Como no soy jurista me permito incluir consideraciones políticas. No tengo manera de probarlo, pero me resulta por lo menos sugestivo que los tres jueces que votaron a favor del 2×1 “le deben favores” al gobierno nacional. Este argumento no me pertenece, pero es el que más circula a la hora de la evaluación política. En lo personal, creo que la realidad se expresa de modo más complejo que una simple y dudosa relación de pago de favores.
No desconozco el sugestivo alineamiento de los jueces supremos a la hora del voto, pero no puedo, no debo, permitirme ser injusto e ignorar que los jueces que votaron por el 2×1 no estaban devolviendo favores y creían sinceramente en sus argumentos. Me resisto a dividir el fallo entre jueces buenos y malos. Un fallo me puede satisfacer más que otro, pero debo admitir que el tema es complejo y que las diferentes soluciones que se plantean están debidamente justificadas en el marco de la ley y el derecho.
Desde el punto de vista de la llamada opinión popular, la tribuna también está dividida. Y en muchos casos, lo que persiste es la versión utilitaria del derecho, la subordinación de la norma a los intereses inmediatos o políticos más evidentes. No deja de ser sintomático al respecto que los mismos que piden cárcel e incluso pena de muerte a los delincuentes “comunes” sean sorpresivamente garantistas con los condenados por crímenes de lesa humanidad. Y al mismo tiempo, no deja de ser asombroso cómo los garantistas de los derechos de violadores y asesinos seriales se transforman en militantes de la mano dura contra los militares. La paradoja no me asombra. Tengo los años suficientes como para saber que a la hora de opinar el sentido común del alma popular no se funda en argumentos jurídicos sino en sus intereses y pasiones inmediatas.
¿Qué opino yo? Mi opinión por supuesto no es la de un jurista porque no lo soy, pero sí la de una ciudadano que en su momento estuvo detenido sin proceso por la dictadura militar y que se comprometió en la defensa de los Derechos Humanos en tiempos que no era ni cómodo, ni seguro ni mucho menos redituable políticamente.
En primer lugar, respeto el Estado de Derecho y la independencia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando en 1983 se recuperó la democracia se lo hizo en nombre de los valores de la Constitución. La campaña de Alfonsín fue recitando el Preámbulo, mientras el peronismo prometía amnistiar a los militares.
En segundo lugar, la defensa de los derechos humanos es universal: no hay torturadores buenos ni torturadores malos; militares asesinos y guerrilleros idealistas. La crónica y la historia podrán establecer matices y diferencias, distinguir entre crímenes cometidos en nombre del Estado o de la patria socialista, pero en términos prácticos la tortura y ejecución de un guerrillero es tan condenable como el secuestro y asesinato del coronel Larrabure.
En tercer lugar, creo que los delitos atroces cometidos por los militares, amparados legalmente por un decreto del gobierno peronista autorizando el exterminio de los insurgentes, merece ser sancionado y los responsables deben ir a la cárcel, como efectivamente están.
En cuarto lugar, sostengo que los derechos humanos valen para todos incluidos quienes cometieron delitos aberrantes y que su defensa se funda en principios culturales y rechaza todo aquello que tenga que ver con la venganza. Si los derechos humanos valen para todos, supongo que -por ejemplo- se deben atender los reclamos de quienes tienen más de setenta años y solicitan prisión domiciliaria y atención humanitaria.
Ahora bien, no estoy seguro que desde el punto de vista jurídico el fallo de la Corte sea el más justo o el que mejor expresa los principios del derecho. No digo estoy en desacuerdo, digo no estoy seguro. La ley del 2×1 nació malparida. Según los entendidos, se sancionó en su momento para dar una respuesta a los hacinamientos carcelarios. No hay en el mundo -salvo en Ecuador- un instituto parecido. Y así como nació para atender cuestiones coyunturales, en su momento se derogó por motivos coyunturales, es decir, por las movilizaciones que provocó en su momento el caso Blumberg. O sea, que no estamos ante una ley sustancial del Derecho Penal, sino ante una ley que en el mejor de los casos merece calificarse de procedimental y que, como paradoja perfecta, no existe. Esto quiere decir que estamos discutiendo acerca de una ley de dudoso origen, de dudosa derogación y que no existe. Con mucho menos, Kafka hubiera hecho una novela extraordinaria.