No estoy seguro de que el plebiscito convocado por la oposición el pasado domingo sea legal, pero estoy convencido de que es legítimo. Venezuela, obviamente, no es Suiza y la oposición política se ve obligada por lo tanto a recurrir a medios no ortodoxos para hacerse oír.
Claro que lo ideal hubiera sido un referéndum avalado por las autoridades del Estado tal como lo marca la Constitución promovida en su momento por el chavismo. Ocurre que el régimen de Maduro hizo lo posible y lo imposible para que no se use ese instrumento legal, porque íntimamente posee la certeza de que en un marco de legalidad republicana sería derrotado.
El plebiscito, por lo tanto, es la respuesta política de la oposición a un régimen vaciado de legalidad. Es una respuesta pacífica pero profundamente democrática. Lo que se hace en este caso es convocar a la ciudadanía a expresarse. La convocatoria se da en un marco de increíbles penurias económicas y sociales y de atropellos periódicos a las libertades. Y algo más que las libertades, porque desde que se iniciaron las movilizaciones hace unos meses, el número de muertos asciende a 96 personas. Sin ir más lejos, este domingo una banda de parapoliciales atacó a un centro de votación. Los sicarios se movilizaban en motos y encapuchados. Como consecuencia de los disparos hubo varios heridos y murió una mujer.
La violencia revolucionaria
La dictadura sabe, lo sabe muy bien, que las expresiones populares les son adversas. Íntimamente se justifican diciendo que son víctimas de un sabotaje político y económico que ha sembrado el desconcierto entre sus masas de adherentes. Lo que se proponen, por lo tanto, es defenderse con lo que denominan sin eufemismos la violencia revolucionaria, es decir, recurrir a los instrumentos del Estado para, como dijera el fascista de izquierda de Atilio Borón, aplastar la oposición.
¿No lo han hecho? Efectivamente, no lo hicieron -por lo menos hasta el momento no lo han hecho- no porque no hayan querido sino porque no han podido, pero no renuncian a su objetivo. Maduro está convencido de que la violencia revolucionaria, como él la califica, es legítima y necesaria. Para su izquierdismo tercermundista una minoría inspirada en los supuestos grandes ideales de la humanidad está autorizada para aplastar a los contrarrevolucionarios.
Teóricamente, el esquema de poder para el régimen está claro. El problema que se les presenta es que no pueden hacerlo, pero están esperando que la oportunidad se presente. El socialismo bolivariano respaldado por los militares incluye entre otras bellezas los negocios millonarios de narcotráfico, todo ello en el marco de un pueblo hambreado y aterrorizado por la creciente y pavorosa inseguridad.
Un plebiscito legítimo
El plebiscito del pasado domingo fue legítimo porque la oposición en Venezuela es legítima. Y es legítima porque en condiciones precarias sus promotores lograron que más de siete millones de personas asistieran a las improvisadas mesas de votación. De esos siete millones de personas, el diez por ciento es de votantes que viven en el extranjero, quienes acudieron masivamente a expresar lo que consideraban su repudio a la dictadura de Maduro. Sin ir más lejos, en nuestro país funcionaron trece centros de votación que se vieron colmados por mujeres y hombres decididos a manifestar su opinión política.
El padrón de votantes de Venezuela es de alrededor de veinte millones de personas. Por lo tanto, algo más de siete millones de personas representan el cuarenta por ciento del total. Atendiendo a las condiciones en que funcionó el plebiscito, la cifra de asistencia es altísima. En términos convencionales representa la misma cantidad de votos que obtuvo Maduro en los comicios de 2013. Como dijera el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en condiciones normales esta votación hubiera significado la destitución de Maduro.
En Venezuela, funcionaron alrededor de dos mil centros de votación controlados por los rectores de las universidades nacionales, más la presencia de veedores internacionales entre los que merecen destacarse Vicente Fox de México, declarado persona no grata por Maduro, Jorge Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia y Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica.
Los venezolanas debían responder por SÍ o por No a la siguiente pregunta: “¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?”. A esta pregunta central, se sumaban otras dos que podían ser aprobadas o rechazadas: “¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?”. Y por último, “¿Aprueba la renovación de los poderes públicos así como la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unidad nacional?”.
Las dos preguntas complementarias fueron aprobadas en casi un noventa por ciento de los votantes. Según los observadores, esa diferencia se planteó en algunos ciudadanos que, identificados con el chavismo, fueron a votar contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro. Según esta franja del electorado, Maduro traicionó a su jefe y, en consecuencia, a los ideales de la revolución bolivariana. Un votante reconocido de este sector es, por ejemplo, Germán Ferrer esposo de Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela.
Luisa Ortega en las últimas semanas adquirió notoriedad internacional por sus explosivas diferencias políticas contra el madurismo. Su marido, Ferrer votó el primer punto del plebiscito, pero se abstuvo con los otros. Luisa Ortega, por su parte, no fue a votar por considerar que el plebiscito estaba politizado, pero si bien no votó por respeto a su investidura, sí se hizo presente en algunos centros de votación donde en más de un lugar fue ovacionada por el público.
Chavistas vs. maduritas
La fractura entre chavistas y maduristas es otra de las novedades políticas de Venezuela y uno de los factores que estuvo presente en estos comicios. Rápida en reflejos, la oposición ha tirado líneas para articular acciones en común con los chavistas. Una de las preguntas del plebiscito menciona la necesidad de construir una mesa de unidad nacional para sacar a Venezuela de la crisis. Está claro que esa mesa de unidad le otorga un privilegiado lugar a los chavistas decepcionados con el giro que ha ido tomando la revolución bolivariana en los últimos tiempos.
Maduro, como era de prever, ha desconocido el plebiscito. Lo calificó como una maniobra miserable de la oposición. Según sus opiniones no sólo votó una minoría, sino que esa minoría además fue manipulada por los jefes de la oposición. Entre otras consideraciones, el dictador estima que además de ilegal y no vinculante, el plebiscito fue fraudulento.
O sea que la batalla política continúa. Maduro insiste en convocar a la Asamblea Constituyente para el próximo 30 de julio, es decir, dentro de dos semanas. El gobierno estima que esa Constituyente configurará la nueva legalidad revolucionaria sobre la base de un orden al que no vacilan en calificar de socialista.
Por su parte, la oposición insiste en calificar a esta Asamblea Constituyente de fraudulenta y anticonstitucional. Para los principales dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la Asamblea Constituyente es la coartada para legitimar a la dictadura. Planteado en estos términos, queda claro que las posibilidades de acuerdos o entendimientos son nulos.
De todos modos, y más allá de las descalificaciones del gobierno nacional, este plebiscito fue un duro golpe para Maduro. Autoritario y arbitrario, el régimen retóricamente invoca a representar a las grandes mayorías enfrentadas a un puñado de “oligarcas y explotadores”. Que más de siete millones de personas se hayan expresado libremente contra el régimen, es un dato que ninguna retórica revolucionaria puede desconocer.