La reunión de los gobernadores con el Presidente de la nación prevista para este martes constituye una de los hechos políticos más esperanzadores en estos tiempos de turbulencias, desconciertos y reiteradas oleadas de pesimismo. La reunión viene precedida de una suma intensa de negociaciones, búsquedas de entendimientos y resolución de diferencias, gestiones en las que la Argentina “moderada y racional” compromete su presente y futuro político.
Hay motivos para suponer que se arribarán a acuerdos alrededor del Presupuesto –la ley de leyes- previsto para el próximo año, un emprendimiento cuya complejidad se acentúa en tiempo presente por las exigencias de un ajuste que promete para el próximo año un déficit fiscal cero, objetivo meritorio pero que conlleva inevitables privaciones y, sobre todo, abre juego a una dura disputa alrededor de la distribución de los recursos.
La reunión del poder central con los gobernadores confirma algunas hipótesis políticas e históricas que merecen tenerse en cuenta. Por lo pronto, la iniciativa pone en evidencia los beneficios de la colaboración en contraste con los perjuicios del conflicto permanente; otorga consistencia real a la voluntad de diálogo de un gobierno nacional que en los últimos tiempos ha sido acusado de encerrarse en sí mismo; e instala en un primer plano la presencia de una oposición que -sin renunciar a estos atributos- privilegia la racionalidad por sobre el incendio de las pasiones.
El presidente Mauricio Macri encabezaba en abril y en Puerto Iguazú, una serie de reuniones con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; y de Chaco, Domingo Peppo e integrantes de los gabinetes nacionales y provinciales. Foto:Presidencia Presidencia
Si la convicción o la necesidad, han sido las consideraciones de estos pasos políticos que incluyen a oficialistas y opositores en sus más diversos matices, es un detalle menor con relación a la “pedagogía” republicana que imponen los hechos.
En el caso de gobernadores de signo político opositor -algunos de ellos críticos severos del presidente Mauricio Macri- la ocasión les permite diferenciarse de la “oposición salvaje” practicada por el kirchnerismo. Es que es el propio despliegue de la política lo que empuja a los actores a privilegiar la moderación dejando en las desoladas orillas del sistema a los diferentes predicadores de la oposición sistemática e incluso de la abierta y desestabilizadora conspiración.
Por el contrario, lo que este martes 11 de septiembre estará presente en la Casa Rosada será “el cuerpo real de la Nación”. Reuniones de este tipo constituyen un ejercicio práctico de tolerancia, laboriosa resolución de diferencias, defensa real de espacios de poder, reclamos de reivindicaciones propias, búsqueda de alianzas territoriales con sus astucias y estratagemas. Dicho con otras palabras: la majestad de la política -en el sentido más virtuoso y práctico de la palabra- ganando rigurosa centralidad, algo así como un “argentinos a las cosas” como en su momento escribiera José Ortega y Gasset.
Que estas iniciativas sean posibles, prueba que tanto en el oficialismo como en las diversas oposiciones existe una meritoria y responsable voluntad de acuerdo, algo digno de destacar en el país donde, en los últimos años, el término “grieta” pareciera obstinarse en ser el más visible.
La otra virtud que gana espacio es la moderación, la mesura, la apuesta a favor del acuerdo y la certeza de que todo acuerdo que merezca ese nombre es una meritoria conquista política que incluye concesiones y renunciamientos provisorios en un escenario marcado por las incertidumbres y los inevitables recelos, más ese puñado de certezas sin las cuales la política pierde densidad.
Convocar a gobernadores para superar crisis ha sido una sabia estrategia política presente en los orígenes mismos de nuestra historia nacional. La manifestación más aleccionadora y trascendente fue el acuerdo de San Nicolás, reunión celebrada después de la batalla de Caseros con la presencia de los mismos gobernadores que durante años se habían sometido –de buen o mal grado- a Juan Manuel de Rosas. “San Nicolás” no excluyó diferencias y disensiones notables, pero en lo fundamental allí se sentaron las bases de la constitución de un orden fundado en la ciudadanía política y la ciudadanía fiscal, tal como lo esbozara Alberdi en textos notables por su clarividencia.
La relación del poder central con los gobernadores a lo largo de la historia nunca fue apacible y, atendiendo a las rencillas que recorrieron nuestra historia, pretender lo contrario sería por lo menos ingenuo.
En nuestro aprendizaje histórico predominaron los “Unicatos, las “Ligas de gobernadores” teñidas de oficialismo, el recurso arbitrario a las intervenciones federales y, en los últimos años, la práctica desenfadada y a veces brutal de la “billetera” destinada a premiar adhesiones y sancionar disidencias.
Admitiendo que la perfección no es una virtud absoluta, reconozcamos que en el presente esta relación entre poder central y gobernadores adquiere ungrado de transparencia notable. El piso de acuerdos obtenidos será algo así como el termómetro que permitirá medir los entendimientos que somos capaces de construir los argentinos, más allá de ideologías y legítimos intereses partidarios.
Un acuerdo alrededor del Presupuesto -que luego debería aprobar el Congreso- significaría dar una respuesta a uno de los temas claves de la legislación nacional y abrir el debate postergado, algo así como la asignatura pendiente, acerca de la coparticipación y la ciudadanía fiscal. Dicho en otros términos, los grandes temas institucionales de la Nación empezarán a ser sometidos a la deliberación pública, un logro que ya no será el mérito de un poder o una facción, sino de la Nación en el sentido más político, pleno y noble de la palabra.