Martes 22 de diciembre de 2020

Insisto una vez más que una de las áreas preferidas de la corrupción es la de las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de medicamentos. Lo que digo no es un invento mío y juro que no tengo nada contra la investigación cientÍfica, la creación de medicamentos y su comercialización. Dicho esto, agrego: estas empresas y estos muchachos no se bañan en agua bendita. Tengo muchos motivos para desconfiar de la vacuna rusa, pero los recelos no son muy diferentes a los que mantengo con los otros laboratorios, incluido Pfizer. Vamos a los hechos. Un estudio académico realizado en EEUU establece que la empresa GlaxoSmith Kling fue multada 27 veces en una suma de 9700 millones de dólares; Pfizer, recibió 18 multas y pagó 2910 millones de dólares; Johnson&Johnson, pagó 15 multas y 2668 millones de dólares; Abbott, pagó 11 multas y 2581 millones de dólares. Y AstraZeneca pagó 10 multas y 1172 millones. Perdón por aburrirlos con los números, pero en estas ocasiones los números son más elocuentes que las palabras más bonitas o más dramáticas. No, estos muchachos no se bañan en agua bendita. Hay algunos atenuantes por supuesto. Leves, pero atenuantes al fin. La mayoría de las multas son por cobro de comisiones ilegales (coimas), publicidad engañosa, fraude y daños ambientales. Para nuestra muy relativa tranquilidad, el porcentaje más bajo de infracciones es el que alude a productos adulterados. Respecto de Pfizer, la multa más alta pagada fue por pagar sobornos a profesionales médicos para que recetaran cuatro medicamentos: Bextra, antiinflamatorio; Geodon, para esquizofrénicos; Zyvoc, antidepresivo; y Lyric, antianalgésico. Culpables ante la ley y después de pagar, Amy Schulman, una de las voceras de Pfizer, declaró que «nos arrepentimos de ciertas acciones del pasado, pero estamos orgullosos de lo que hicimos para fortalecer nuestros controles internos». Estoy dispuesto a creerle, aunque la palabra «orgulloso» que emplea la hubiera omitido, aunque más no sea por recato o pudor. O para no dar lugar al pecado de la sobreactuación. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Nos suicidamos? ¿Retornamos a curanderos y manosantas? Supongo que no. Observemos en primer lugar un hecho que por obvio a veces no se lo tiene en cuenta: para que las multas hayan tenido lugar es porque existe una legislación e instituciones que funcionan y que no vacilan en aplicar multas multimillonarias que se pagan y les duelen. Por lo tanto, no se trata de renunciar a los beneficios científicos de la vacuna, sino de establecer los controles necesarios a todos. Repito: a todos. A los rusos, pero también a los laboratorios norteamericanos alemanes, chinos o ingleses. Hay muchos intereses en juego y hay muchos bienes sagrados a proteger para no tomarnos el trabajo de ejercer los controles indispensables. Planteadas así las cosas, tenemos dos problemitas: las empresas, que suelen jugar con cartas marcadas pero que más o menos se conocen sus astucias, y el segundo problema, un poquitín más grave: los funcionarios locales encargados de realizar los controles. Yo creo en la profesionalidad de la ANMAT, pero permítanme tener algunas dudas acerca de la honestidad y transparencia de los funcionarios, o de algunos funcionarios, del actual gobierno peronista. Pregunto: ¿Las actuales diferencias del gobierno con Pfizer provienen de observaciones científicas orientadas a proteger la salud de los argentinos o provienen de diferencias acerca de los porcentajes, de esos benditos porcentajes que los funcionarios kirchneristas han elaborado con la eficacia, el esmero y la dedicación de profesionales absolutamente convencidos de que toda gestión estatal que merezca ese nombre incluye aquello que los mexicanos llaman «mordida» y los argentinos decimos «coima»? ¿La pregunta ofende? Puede que sí, pero hay que hacerla para no ofendernos o faltarnos el respeto a nosotros mismos. O sencillamente, porque de la respuesta que demos depende la salud de todos.