«Todos unidos triunfaremos»

El señor Carlos Menem debería saber que la Justicia de la democracia no persigue políticos, persigue ladrones. El fiscal Stornelli no pide que lo citen por su militancia en el peronismo, sino por su posible complicidad en el contrabando de armas. Salvo que los peronistas supongan que contrabandear armas y dinamitar cuarteles es un testimonio de militancia, no se entiende por qué corrieron presurosos y alegres a brindarle la solidaridad política a quien debe responder ante la Justicia no por su condición de peronista, sino por su posible condición de delincuente.

Cuando el señor Eduardo Menem dice que se está montando una campaña de persecución contra el peronismo parecida a la de 1955 y 1976, lo que hace es agraviar por partida doble a los peronistas y a la ciudadanía en general. A los peronistas, porque no es justo poner en el mismo nivel el martirologio del general Juan José Valle y los fusilados de León Suárez, la lucha de los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, el testimonio de los trabajadores que se jugaron la vida en la resistencia y la abnegación de esos militantes que con tiza y carbón pintaban en las paredes «Perón vuelve» o «Luche y vuelve», con Carlos Menem, cuyo único gesto de solidaridad conocido es el de repetir con vocación de autista «io soy un exitoso» y que de la única resistencia que sabe es de la que le ofrecen los palos de golf, las Ferrari y las chicas «bien de casas mal» de la farándula.

Pero el señor Eduardo Menem también agravia a los ciudadanos y -muy en particular a la Justicia de la democracia- al pretender compararla con las decisiones represivas de la dictadura. Justo es admitir que el hermano Eduardo tiene sus motivos íntimos para confundirse, ya que su complicidad con las dictaduras militares le impide distinguir las diferencias entre un régimen autoritario y un sistema democrático.

Sorprende que los mismos que con cínica expresión eludían las evidencias de la corrupción, exigiéndoles a los denunciantes que vayan a la Justicia, sabiendo de antemano que esa Justicia estaba mayoritariamente arreglada para asegurarles la impunidad, sean los que ahora, cuando es la Justicia la que interviene, salgan a la calle a protestar por la politización de la Justicia.

Sorprende que imputen de partidismo a funcionarios judiciales como Carlos Stornelli y Jorge Urso, uno de los cuales sobreseyó a Amira Yoma y el otro integró las célebres servilletas de Corach. Los muchachos, en estos temas también son incorregibles: cuando la imputación es política, se rasgan las vestiduras hablando de la justicia y cuando la Justicia interviene, ponen el grito en el cielo y hablan de politización.

Pero hoy la noticia no es Menem, la noticia son los peronistas que salieron a apoyarlo. Tal vez no sea una casualidad que el acto de la «solidaridad» se haya celebrado en ese lamentable aguantadero en que se ha convertido el Senado de la Nación. Tal vez tampoco sea una casualidad la presencia en un primer plano de Emilio Cantarero, como estableciendo con su participación el termómetro moral de la jornada. Faltaba Massat para que entonces todos digamos «cartón lleno».

No está de más recordarles a los peronistas que la solidaridad es un sentimiento generoso que se practica entre hombres libres y justos. Cuando la solidaridad abandona estos principios se confunde con su negación, la complicidad. La solidaridad enriquece, la complicidad empobrece; la solidaridad me distingue y me honra, la complicidad me confunde con el delincuente.

Hay que decirlo con todas las palabras: los peronistas que marcharon al Senado no fueron a defender la democracia, fueron a extorsionarla; no fueron a demandar, fueron a apretar; no fueron a pedir justicia, fueron a exigir impunidad; no se comportaron como políticos, se portaron como banda; no se parecían a compañeros defendiendo a un líder, sino a cómplices respaldando a un jefe.

No fueron todos, pero fueron casi todos. Las excepciones se llaman Duhalde, Kirchner, Beliz, Solá, Obeid… tal vez el honor y la dignidad del peronismo estén expresadas en esas solitarias y valientes excepciones apoyadas mayoritariamente por todos los hombres de buena fe y por todos aquellos que consideran que es preferible ser decente a ser ladrón y ser honrado a ser malandra.

«Se está poniendo en juego la gobernabilidad» dicen algunos de los vergonzantes defensores del menemismo. Curiosa manera de entender la democracia tienen aquellos para quienes la palabra gobernabilidad se confunde con la palabra impunidad. Según este razonamiento, el funcionamiento de las instituciones sólo vale cuando justifica y sostiene el poder, pero nunca cuando intenta controlarlo.

Recordarles a estos caballeros que todo el andamiaje liberal está sostenido sobre la base de la necesidad de ponerle límites al poder, sería innecesario, entre otras cosas porque no lo entenderían o porque su compromiso ideológico con el poder es tan sólido que jamás se les ocurriría pensar que la ley y las instituciones están para proteger a los débiles y a las víctimas y no a los poderosos y victimarios. La diferencia no es menor: es la que permite distinguir una sociedad justa de una sociedad injusta; un pueblo libre de un pueblo sometido.

Si fuera aceptado el razonamiento de que un ex presidente no debe responder por los ilícitos cometidos porque la gobernabilidad está en juego, deberíamos admitir que las instituciones de la democracia no sirven ni siquiera para impedir que un mandatario robe. Si este razonamiento fuera válido, jamás los peruanos podrían haber echado a Fujimori, o los brasileños a Collor de Mello, o los mexicanos a Salinas de Gortari o los venezolanos a Andrés Pérez o los panameños al delincuente de Noriega.

Si los que piensan de esta manera vivieran en Italia jamás habrían permitido un «mani pulite». Pues bien, lo que le está haciendo falta a la Argentina es precisamente un «mani pulite», una enérgica respuesta de la sociedad y de sus instituciones para terminar con tanta desvergüenza.

Juzgar lo ocurrido en los últimos diez años no es mirar hacia atrás, es apostar al futuro, ya que no hay futuro económico ni político posibles con una clase dirigente sospechada de corrupción y un capitalismo negro en donde los grandes negocios se realizan lavando dinero y contrabandeando armas.

No es la Justicia la que desestabiliza al sistema, sino la falta de Justicia. No son los reclamos de la gente por un poco de decoro y honradez lo que jaquea al orden, sino la desvergüenza, el cinismo y la impunidad; no es la gente de bien la que pone en juego la gobernabilidad, sino los políticos y funcionarios corruptos.

¿Deben o no deben responder los poderosos por los ilícitos que se les imputan? ¿Sólo los ladrones de gallinas y los piqueteros merecen la cárcel? Éstas son las preguntas que todo político y todo hombre de bien debería intentar responder a la hora de tomar una decisión.

A nadie se le escapa que en las actuales sociedades es más fácil meter preso a un ratero que a un ex presidente, pero la democracia dejaría de ser tal y hasta perdería el consenso moral que disfruta sino fuera capaz de aplicar a rajatabla el principio de igualdad ante la ley. La democracia no se hizo para encarcelar a un «punga» -una dictadura también puede hacerlo-; la democracia se hizo para meter preso al más poderoso si ese poderoso se porta como un delincuente.

Un «mani pulite» es lo que hoy reclaman los argentinos. No se trata de mirar hacia atrás para rehuir los problemas del día, sino que no hay otra manera de solucionar los dilemas del presente que no sea juzgando lo que ha ocurrido y lo que se ha hecho con este país en los últimos diez años.

Un «mani pulite» sería un excelente y auspicioso punto de partida para terminar con la impunidad, recuperar la confianza en las instituciones, la fe en el futuro y la esperanza en la condición humana. Los jueces de la democracia tienen la oportunidad histórica de salvar a la República. Ojalá lo hagan.