Las puertas del infierno

La noticia sobre la muerte de Rucci (año 1973) la recibimos a primera hora de la mañana. Al mediodía, las agrupaciones de la FUL nos reunimos en el Comedor Universitario, para dar a conocer un comunicado repudiando el crimen. Que las agrupaciones reformistas lo hiciéramos no era ninguna novedad. Desde siempre nos habíamos opuesto al terrorismo. La novedad era que al repudio se sumara el representante de la JUP.

La unanimidad de la declaración se rompió a la tarde. A los muchachos de la JUP les llegó la información de que el crimen cometido por los fachos había sido en realidad un acto de justicia popular, llevado adelante por la vanguardia revolucionaria que respondía al nombre de Montoneros. Me consta que muchos muchachos de la JUP nunca se recuperaron de esa experiencia. Por disciplina, por espíritu de cuerpo, siguieron militando, pero nunca terminaron de asimilar el supuesto operativo justiciero, consistente en asesinar al dirigente sindical más respetado por Perón en nombre de Perón.

Un año después, estábamos sesionando en una asamblea en el aula Alberdi. Recuerdo que era un día de semana y que recién estaba oscureciendo. En un momento, dos o tres dirigentes de la JUP nos llamaron para una breve reunión en el bar de la Facultad. Allí nos informaron que el gobierno de Isabel acababa de ilegalizar a Montoneros. La opinión nuestra en aquellos tiempos era muy crítica de Montoneros, pero atendiendo al ritmo de la militancia de entonces no podíamos aceptar que esa agrupación fuera ilegalizada por un gobierno al que le desconocíamos autoridad moral para definir los límites de la democracia. Lo cierto es que regresamos a la asamblea y leímos un comunicado firmado por todas las agrupaciones, repudiando la ilegalidad de Montoneros.

Después de las asambleas, los estudiantes nos encontrábamos en el comedor universitario o en los bares de las inmediaciones. No sé si todos lo hacían. Era lo que yo hacía. Esa noche, estábamos de sobremesa en un comedor de Facundo Zuviría, cuando un amigo de la JUP me informó que Montoneros no había sido ilegalizado, sino que se había autoilegalizado. Los únicos que tenían conocimiento de esa decisión eran los dirigentes que hacían el anuncio. Los militantes de los frentes barriales y universitarios se enteraron por los diarios. A muchos la noticia les llegó a través de algún allanamiento que les traía la novedad de que, a partir de esa noche, estaban fuera de la ley.

Relato estas dos anécdotas porque son representativas del clima cultural de la época. En primer lugar, importa saber que en aquellos años existían agrupaciones estudiantiles muy fuertes que condenaban al terrorismo en cualquiera de sus variantes. En segundo lugar, hay que señalar la representatividad que en los años setenta empezó a ganar la Juventud Peronista, lo que los transformó, a partir de 1973, en la juventud oficialista por excelencia. La «tendencia», como se le decía entonces, controlaba universidades, municipios y provincias.

La tercera moraleja está relacionada con la descarada manipulación que la conducción de Montoneros hacía con sus bases. Rucci fue asesinado y los muchachos se enteraron después, de que los autores eran ellos. Pero lo que más llama la atención en las anécdotas que relato no es el operativo militar sino la respuesta de las bases de Montoneros. En los dos casos, los dirigentes de la JP creyeron que estaban ante una maniobra de la derecha. ¿Qué pasaba en una organización revolucionaria que tomaba decisiones que sus bases en principio condenaban?

Estos mismos dirigentes fueron los que se exiliaron, porque disponían de información y recursos para hacerlo. Son los mismos que se reunieron con Massera y los que organizaron la contraofensiva que representó la muerte de cientos de jóvenes. Estos dirigentes, con Firmenich a la cabeza “pero él no fue el único”, fueron los que se iniciaron en política, asesinando a Pedro Eugenio Aramburu, un crimen que nunca terminó de aclararse, porque en realidad la identidad ideológica de Montoneros nunca terminó de aclararse.

Estos temas que hoy deberían ser motivo de investigación histórica, pareciera que terminarán discutiéndose en los Tribunales. Existe un amplio consenso en admitir que la muerte de Rucci puede encuadrarse jurídicamente como crimen de lesa humanidad. El sindicalista Hugo Moyano no tiene dudas al respecto. El principal argumento de que se trata de un crimen de lesa humanidad lo da el hecho de que fue perpetrado por una organización que controlaba resortes del Estado y su objetivo fue político no delictivo, salvo que los dirigentes de Montoneros admitan reconocerse como delincuentes comunes y no como militantes revolucionarios.

Habría que preguntarse si los argentinos podemos darnos el lujo de seguir investigando lo sucedido en la década del setenta. Hasta la fecha lo que se ha hecho no fue poco. La Argentina ha sido el país en que la condena al terrorismo de Estado ha sido más fuerte, más concluyente. El juicio a las Juntas, impulsado por el gobierno de Alfonsín, sigue siendo un modelo de justicia que se estudia en las universidades del mundo. Sin embargo, se ha seguido avanzando en la búsqueda de nuevos culpables, que efectivamente los hay, pero esa iniciativa ha promovido la respuesta de quienes con mucha razón consideran que también ellos guardan luto por los familiares muertos por la guerrilla. El dolor de los hijos o de las esposas es siempre el mismo. Al que le mataron un padre, un hermano o un hijo poco le importa que el disparo haya provenido de una pistola del Estado o de un guerrillero. Está muerto y punto.

El puñado de militantes, que a principios de los años ochenta organizamos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en Santa Fe, suponíamos que era indispensable movilizar a la sociedad por la libertad de los presos, por la aparición con vida de los desaparecidos y por el retorno al Estado de Derecho. La APDH, la organización de derechos humanos más representativa políticamente en aquellos años, defendía los derechos humanos como filosofía, sistema jurídico y cultura. Para nosotros, por lo menos para la mayoría de los integrantes de la APDH, los derechos humanos no eran ni de derecha ni de izquierda; eran de todos, porque el principal atributo a defender era la vida.

Las instituciones de derechos humanos que se organizaron en los años de la dictadura no lo hicieron para luchar por el socialismo. Ni siquiera para discutir modelos económicos o políticas de distribución de la riqueza. Lo hicieron para luchar contra el despotismo militar y, como lo dijera la declaración fundacional de la APDH, impugnando la violencia y el terror en todas sus formas.

En lo que a mí respecta, nunca tuve dudas de que los derechos humanos eran para todos y no para algunos. Por entonces, militar en los derechos humanos incluía riesgos y excluía sueldos. Hoy es al revés. Ya en aquellos tiempos había un debate abierto entre moderados y radicalizados, entre quienes entendían a los derechos humanos como una garantía civil a proteger y los que veían en ellos un medio para luchar por la revolución social o algo parecido.

La desmesura, la radicalización ideológica, diversas variantes del resentimiento fueron dominando la noble práctica de los derechos humanos. Una izquierda sectaria, anacrónica, fascista en definitiva, ha encontrado en los derechos humanos el espacio para intervenir como compensación a su nula representación social en otros campos. La capacidad para imponer consignas falsas a contrapelo de una sociedad ocupada en otra cosa, y muchas veces culposa, es notable.

Los treinta mil desaparecidos, por ejemplo, es uno de esos lugares comunes que se han impuesto y que nunca pudieron ser demostrados. Quien dice una palabra poniendo en duda esa cifra es considerado a la par de Goebbels y Mengele. Sin embargo, el único informe serio que hay es el de la Conadep, cuya cifra de desaparecidos no llega a nueve mil personas. El número es enorme. Para que alguien se dé una idea aproximada, imagine que durante veinticinco años desaparece un López todos los días. Diez mil desaparecidos es una tragedia nacional, pero a los sicofantes de la izquierda no les alcanza. Dijeron treinta mil, pero podrían haber dicho cincuenta mil o el doble. La capacidad de imponer una cifra a través de las consignas y a despecho de la verdad no es un hábito de los derechos humanos, es una práctica de los fascistas.

El debate sigue pendiente, pero una vez más los herederos de aquella izquierda intolerante, de aquella izquierda que golpeó las puertas del infierno para probar que el diablo existía, siguen equivocándose. Lo sucedido el jueves a la noche con Felipe Solá, el ataque al que fue sometido por una banda de fascistas de izquierda, demuestra que lamentablemente la historia no es maestra de vida. Por lo menos, a esta izquierda no le dice absolutamente nada. Se sigue equivocando, sigue tropezando con la misma piedra y sigue creyendo que es un acto de coraje civil golpear las puertas del infierno.

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