Como los periodistas debemos ser cuidadosos con las informaciones disponibles, debo decir que para el sábado 13 de febrero de 2016 el narcotraficante Ibar Esteban Pérez Corradi sigue libre. También en homenaje a la escrupulosidad informativa, hay que advertir que su condición de libertad depende del hecho obvio de que esté con vida, ya que si vamos a creer en el pálpito de su ex esposa y madre de sus tres hijos, Liliana Raquel Aurehhuliu, el señor Pérez Corradi estaría muerto desde hace rato.
A propósito, el jueves a la noche fue allanado por la Brigada Halcón de la provincia de Buenos Aires, el domicilio de la ex esposa de Pérez Corradi. Los muchachos no se distinguieron por su delicadeza. Dieron vuelta la casa, amenazaron con armas a los niños y como frutilla del postre mataron a uno de los perros de la casa. De Pérez Corradi ni noticias.
O sea que todos los rumores que circularon a partir del viernes tienen muchas probabilidades de ser falsos, una mala imitación de la hasta ahora misteriosa maniobra perpetrada en Cayastá -no sabemos todavía por quién-, consistente en hacerle creer a periodistas y gobiernos que Víctor Schillaci y Cristian Lanatta, habían sido detenidos, maniobras que, como se recordará, hizo pisar el palito a los ministros del gobierno nacional y al propio presidente de la Nación.
Conforme al principio de que quien se quema con leche ve una vaca y llora, en la ocasión nadie se “comió el amague” de la detención de quien algunos colegas llegaron a definir como “el rey de la efedrina”. Incluso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le negó una entrevista a los abogados de Pérez Corradi, Carlos Broitman y el ex comisario acusado en su momento de ser uno de los partícipes del atentado contra la Amia, Juan José Ribelli.
Precisamente, fueron estos abogados los que con las clásicas medias palabras del caso, sugirieron que efectivamente el narcotraficante estaría detenido. Es más, no conformes con la circulación de estos rumores, los caballeros anunciaron que viajarían a Ciudad del Este para, según ellos, proteger la vida de su cliente. No se me ocurre de qué recursos dependen estos señores para proteger la vida de nadie, pero a esta altura del partido no sé a quién creerle más, si a Pérez Corradi o a Broitman y Ribelli.
La noticia de que el narcotraficante más buscado en la Argentina estaba preso duró poco. A media tarde de ayer ya se sabía que no estaba detenido. Los mismos abogados que en su momento se hicieron eco del rumor, comenzaron a relativizar los hechos. Antes de la llegada de la noche ya estaba confirmado por las autoridades policiales de Paraguay, el titular de Interpol en este país y la Gendarmería, que de Pérez Corradi lo único que sabían es que seguía sin aparecer, aunque, como para que nada faltara al culebrón, comenzó a circular el rumor de que en el country Alto Paraná de Ciudad del Este habría habido un tiroteo entre narcos, y que nuestro Pérez Corradi estaría secuestrado.
En los próximos días, tal vez se sepa algo más preciso de la suerte corrida por este narcotraficante que se encuentra fugado de la Justicia desde 2012. Según los rumores circulantes, el hombre sería el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, es decir, del asesinato de los empresarios farmacéuticos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Los hermanos Lanatta y Schillaci están juzgados y condenados por ser los autores materiales del crimen, pero el eslabón clave que le falta a la cadena es Pérez Corradi, el principal operador narco y el hombre que habría dado la orden de asesinar a quienes fueron sus cómplices hasta el momento en que le “mejicanearon” una importante suma de dinero.
O sea que estamos ante bandas criminales de narcotraficantes decididos a todo. El hecho en sí mismo es grave, salvo que resolvamos resignarnos como país a ser una suerte de paraíso del negocio narco. Desde el momento en que los empresarios farmacéuticos aparecieron acribillados a balazos en General Rodríguez, se supieron dos cosas: que los narcos operaban con el consentimiento de autoridades políticas con las que compartían beneficios, y que algunos de ellos -Forza, probablemente- habían contribuido monetariamente para la campaña electoral de “La que te dije” en 2007.
En los últimos meses los hechos se precipitaron. Lanatta fue entrevistado por Lanata y allí nos enteramos de la presencia decisiva del señor Morsa, es decir, el ministro a todo terreno de “La que te dije”. Aníbal Fernández, jefe narco. ¿Verdad o mentira de un delincuente que supuestamente no tiene nada que perder? No lo sabemos, pero la catadura moral de los personajes, las relaciones establecidas entre ellos, permite suponer que, aunque las declaraciones de Lanatta sean ciertas sólo en un diez por ciento, estamos ante un escándalo político de envergadura.
A fines de diciembre de 2015 los hermanos Lanatta y Schillaci se fugaron del penal de General Alvear. Durante casi dos semanas los argentinos, y los santafesinos en particular, seguimos las peripecias como si se tratara de un thriller policial. Detalles escabrosos al margen, a nadie se le escapó que tanto la evasión de la cárcel como la posterior fuga sólo pudieron darse con la complicidad de autoridades policiales, algunas de ellas interesadas en desprestigiar al flamante gobierno nacional.
Los Lanatta y los Schillaci están bien guardados, pero ahora el personaje es Pérez Corradi. En realidad, el protagonismo de este caballero creció en las últimas semanas porque, entre otras cosas, hay un gobierno nacional interesado en meterlo preso. Esto quiere decir que hasta diciembre del año pasado nadie se preocupó seriamente por Pérez Corradi, indiferencia que desde el punto de vista político fue extremadamente sospechosa.
Más allá de que Interpol o la policía paraguaya den al fin con el narcotraficante, lo que importa políticamente es lo que este personaje sabe o está dispuesto a denunciar a cambio de reducción de sentencia. Sobre estos temas no hay motivos para sorprenderse. A funcionarios y políticos lo que les interesa son los nombres y apellidos que Pérez Corradi y el propio Lanatta estén dispuestos a brindar.
Conociendo el paño, a nadie escapa que una de las personas que debería estar muy preocupada por estas declaraciones es el Morsa Fernández. Es más, se dice que la jueza federal Romilda Servini de Cubría, quien acaba de hacerse cargo de la causa, dispone de las declaraciones que Lanatta hiciera en su momento, declaraciones que, según trascendió, dejan muy mal parado al señor Fernández, el principal funcionario político de la causa K, un honor -dicho sea de paso- que comparte con Julio de Vido, otro personaje que debe unas cuantas aclaraciones a la Justicia.
Como se sabe, el negocio de la efedrina tal como lo realizaba Pérez Corradi consistía básicamente en comprar este producto a China o a la India, y venderlo a México. La diferencia de precios era abismal, a 130 dólares el kilo en China y a 3.000 dólares a México. La efedrina entraba disimulada con pólvora y para ello se contaba con la complacencia de las autoridades del Renar: Andrés Maiszner y Alejandro Giacristófaro, ambos vinculados al señor Morsa a través de la solidaridad política y futbolera en Quilmes.
Al negocio de la efedrina se sumaba el negocio de los medicamentos. En este caso se contaba con la complicidad de funcionarios sindicales de las obras sociales. El negocio era redondo y con garantías financieras del Estado. Los caballeros compraban medicamentos de descarte, en mal estado y en negro y lo vendían en blanco a un precio muchísimo más elevado. Los cómplices pagaban con cheques garantizados, entre otros, por el Banco Nación.
Nada de esto podía realizarse sin complicidad política. Así se entiende la colaboración económica para las campañas electorales o las relaciones con el señor Morsa. En todos los casos, estamos ante una red de intereses y complicidades cuyo rasgo distintivo es la presencia de funcionarios políticos de la causa K, un dato que no es nuevo, aunque en las actuales circunstancias adquiere inusitada envergadura.