Dilma, camino al juicio político

Según los entendidos, en Brasil el trámite más complicado para solicitar el juicio político es el que se desarrolla en la Cámara de Diputados, donde la ley exige una mayoría especial para cumplimentarlo. A esa mayoría la heterogénea oposición a Dilma Rousseff la logró con holgura: 367 votos, 25 más de los exigidos. El oficialismo confiaba en la muñeca de sus operadores pero apenas llegó a los 137 votos, 34 menos de lo previsto.

En un plazo de diez días se reunirá la Cámara de Senadores que con mayoría simple -la mitad más uno de los 81 miembros- definirá la suerte política de la presidente por el Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde 2003. Si se cumple este trámite -que para los observadores es precisamente un trámite, ya que el PT ha perdido hace rato la mayoría- Rousseff será suspendida por 180 días y a la presidencia la asumirá el vice, Michel Temes, un discreto, taimado y sigiloso político que se las ha ingeniado para darle el golpe de gracia a la presidente en el momento adecuado. Formalmente, después de 180 días en el desierto, Dilma puede volver, pero ya se sabe que cuando se deja el poder en este contexto es sumamente difícil, por no decir imposible, el retorno.

Los máximos dirigentes del PT están que trinan. Reprochan traición a sus aliados y perversión a sus rivales políticos. En todas las circunstancias hablan de que acaban de ser víctimas de un golpe de Estado que, en este caso, en lugar de recurrir a las Fuerzas Armadas apelan a recursos leguleyos, a la alianza de intereses políticos inconfesables y a la complicidad de los jueces y los medios de comunicación. La derecha retorna voraz y rencorosa para sumir a Brasil en el atraso y la miseria, dicen sus voceros más conspicuos.

Sinceramente no comparto la hipótesis del golpe de Estado. En estos temas es necesario ser riguroso y exigente con las palabras y los conceptos. El juicio político es una figura contemplada por la Constitución y exige para su cumplimiento de pasos legales sumamente exigentes, los mismos que se cumplieron en 1992 cuando fue depuesto Fernando Collor de Mello. Y a nadie entonces se le ocurrió acusar de golpistas a quienes consideraban que el presidente debía ser destituido lo más rápido posible.

También entonces hubo jueces polémicos, políticos mañeros y periodistas sensacionalistas. Entonces, la pregunta a hacerse en este caso es la siguiente: ¿Por qué lo que valió para Collor de Mello no vale para Dilma Rousseff? ¿Porque Dilma es de izquierda y Collor de Mello es de derecha? Tonterías. A Dilma no se la cuestiona por ser de izquierda, sino por imputaciones legales perfectamente encuadradas.

Lo que pasa con Dilma también ocurre con Lula, Dirceu y algunas de las principales espadas del PT. A ninguno de ellos los jueces los juzgan porque atentaron contra la propiedad privada, sino por lo contrario, porque desde que llegaron al poder los muchachos se dedicaron alegremente a incrementar su propiedad privada. No, no son los elevados ideales del socialismo lo que se impugna de los señores del PT, sino la comisión de los hábitos y las prácticas más sucias del detestable capitalismo. Dicho con otras palabras: se los juzga por ladrones, no por revolucionarios, motivo por el cual resulta por lo menos hipócrita, por no decir grotesco, que ahora se presenten como héroes de una revolución de la que han renegado hace rato.

Se puede admitir que el juicio político en la actual coyuntura puede ser un salto al vacío, aunque también es atendible el argumento de quienes postulan que para Brasil el salto al vacío es continuar con Rousseff en la presidencia. Seguramente hay buenos motivos para cuestionar a personajes como Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, o el vicepresidente Temes. Ambos están mucho más comprometidos que Roussef en la comisión de actividades ilegales y no deja de ser una ironía de la vida que en el caso de Cunha -un sujeto cuya calaña moral, para dar un ejemplo familiar a mano, no es muy diferente a la de Boudou- sea la figura visible que inicia el juicio político.

Cunha está denunciado por los fiscales por corrupción, lavado de dinero y fraude. Michel Temes está hasta las manos con el llamado Petrolao. Joyitas. Joyitas, pero del joyero del PT. Tanto Cunha como Temes fueron sus aliados políticos hasta no hace tanto tiempo. Paradójicamente a Rousseff ningún juez o fiscal la incrimina por corrupción o algún acto ilícito, más que una paradoja, una de esas ironías con que la política se complace de vez en cuando.

Lo que el PT debe saber es que las reglas de juego de un Estado de derecho están para ser cumplidas. Que hayan luchado contra la dictadura, hayan sido de izquierda o estén a favor de las clases populares no les otorga inmunidad o impunidad. Desde el sandinismo en adelante se supo, por si quedaba alguna duda, que se puede ser corrupto y de izquierda. Conocedor de estas debilidades humanas que operan más allá o más acá de las ideologías, el economista Jacques Rueff decía: sean de derecha, de centro o de izquierda, pero no roben.

La imputación a Rousseff fue promovida en octubre por tres juristas, uno de ellos el cofundador histórico del PT. Me estoy refiriendo a Helio Bicudo, quien acusó a la mandataria de “usurpación de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos”. Responsabilidad fiscal que le dicen. Rousseff afirma que todos los mandatarios en Brasil hicieron algo parecido, argumento resignado que no la libera de culpas. Puede que Fernando Henrique Cardoso sea tan culpable como Dilma, pero ocurre que a Fernando Henrique esta acusación nunca se la pudieron probar. Por otra parte, Cardoso nunca permitió que sus adversarios y enemigos se unan en su contra.

Está claro que los enemigos del PT están decididos a saltarle a la yugular de la presidente, pero también está claro que el PT hizo todo lo posible y lo imposible para que esto ocurra. En un reciente artículo, el columnista de La Nación, Carlos Pagni, señalaba con acierto que ningún presidente democrático en el mundo puede soportar la conjunción de movilización callejera, recesión económica, corrupción manifiesta y mayoría parlamentaria decidida a deponerla en el tiempo más breve posible.

Puede que comparada con otros políticos de su partido, empezando por Lula, Dilma esté menos involucrada en episodios de corrupción, pero ella es la presidente y la responsable de una realidad económica que no sabe o no puede resolver. Tampoco no puede lavarse las manos con las trapisondas y negociados cometidos por sus compañeros de partido. En definitiva Dilma paga por sus errores, los errores y horrores de sus compañeros y la propia historia de una formación policía que le prometió al pueblo el paraíso, mientras sus paladines el único paraíso que conocían y frecuentaban era el que les ofrecía el estudio jurídico de Mosack-Fonseca.

¿Qué en esos negociados también están involucrados políticos de la oposición? Es posible. Políticos y empresarios. Pero ocurre que la presidente es Dilma y el que gobierna a Brasil desde hace casi catorce años es el PT. Finalmente, no es un buen argumento de defensa escudarse en el hecho de que otros políticos y otros presidentes también robaron. Ningún juez en el mundo los va a declarar inocentes por esa excusa un tanto tonta.

Por otra parte, lo que el PT no explica es por qué también los partidos de izquierda y algunos dirigentes históricos de esa corriente política, comparten el juicio político. Al PT le resulta cómodo responsabilizar a la derecha de sus desgracias, cómodo pero inútil. El Brasil hundido en la crisis no es el escenario ideal para pretender correr por izquierda a sus opositores. Por si alguna frutilla faltaba en el postre, Dilma se encargó de adornarlo con su decisión de lavar de culpas a Lula designándolo ministro, la típica maniobra de los políticos corruptos de cualquier régimen y lugar, pero esta vez practicada en nombre de la solidaridad revolucionaria.

Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA ha dicho que Dilma es víctima de una acusación mal fundada. Son opiniones. Dirigentes de la oposición, distinguidos por sus posiciones moderadas han admitido, por el contrario, que puede que la solución del juicio político no sea la ideal, pero es la solución legal. Realismo político que le dicen.

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