Marcial llega al bar y le hace señas a Quito para que le sirva su habitual taza de té. Es el último en llegar, porque nosotros estamos de temprano en la mesa de siempre y ya hemos leído los diarios y estamos conversando sobre la experiencia ferroviaria de José quien decidió darse una vueltita en el tren promovido por nuestras autoridades municipales: “Dantesco” fue su última palabra, pero cuando queremos pedirle explicaciones sobre el adjetivo, Marcial interrumpe con el tema de los sueldos de los jueces.
—No sé por qué hacen tanto ruido por este tema -dice algo fastidiado- un juez tiene que ganar bien para evitar tentaciones y porque su profesionalidad así lo exige, pero, además, debe estar protegido para no ser sometido al poder político de turno.
—Todo muy lindo -digo- pero Marcial, ¿no te parece que en el país que vivimos ganar 250.000 pesos por mes es un poco mucho?, concluyo jugando con las palabras.
—Bueno -responde Marcial- todo depende del cristal con que se mire.
—Miremos a través del cristal de los recursos públicos -adelanta Abel.
—Un punto más quiero destacar -subrayo- los jueces ganan tres veces más que el gobernador, cuando en un país o en una provincia sería el gobernador quien debería tener el sueldo más alto de la administración pública. En la época de Sylvestre Begnis, las cabezas de los poderes institucionales tenían sueldos similares.
—¿Y eso qué prueba?
—Que la puja corporativa es feroz y tiene ganadores, eso prueba.
—A eso sumale la ley de enganche -apunta José-, gracias a la cual un ordenanza de Tribunales gana cinco veces más que un ordenanza de Casa de Gobierno, cuando los dos hacen el mismo trabajo a menos de cien metros de distancia.
—Yo soy de la postura -responde Marcial- de que hay que igualar para arriba, no para abajo.
—Linda respuesta para lavarse las manos -cuestiona Abel.
—Puede ser, todo puede ser, pero -insiste Marcial- ¿qué me cuentan de los senadores de la provincia que disponen de cifras millonarias a cambio de votar todas las propuestas del gobierno?
—Eso no es tan así -reacciono- pero además, te advierto que el sueldo real de los legisladores está por debajo de la mitad del sueldo de un juez, lo demás son subsidios o partidas autorizadas.
—Para hacer política que les permita reproducir su esquema de poder y para llevársela a sus bolsillos -corta tajante Marcial.
—Puede que sí, puede que no, pero en todo caso deben rendir cuentas.
—Como las rendía María Julia Alsogaray.
—Las ironías están de más -señalo- pero vamos a lo que dice la ley y en todo caso después veamos si se cumple o no. Los senadores deben rendir cuentas y, además, tengamos presente que hay buenos argumentos para darle estas facultades, sobre todo si admitimos que los senadores representan a sus territorios y están en mejores condiciones que el poder central para atender las necesidades por sus conocimientos específicos y su proximidad.
—Lo que creo -interviene Abel- es que sin pretender desconocer la majestad del derecho y de las normas, si no existe una conducta cotidiana de los dirigentes decididos a respetar la ley y su espíritu, todo lo que se haga será en vano, porque ya se sabe que, como reza el aforismo, hecha la ley hecha la trampa.
—Lo que ocurre -acota José- es que en estos pagos la trampa suele ser más importante que la ley.
—Esa es una verdad que los peronistas conocen muy bien. Y si no, pregunten por los López, por el señor De Vido o por “La que te dije” -dispara Marcial.
—Vos, como siempre, mezclas las cosas pero sin perder nunca tu perfil de gorila a prueba de balas -refuta José.
—No nos salgamos de tema -invita Marcial-, empecé diciendo que en esta provincia hay una campaña contra los jueces, una campaña que pretende desconocer condiciones históricas y derechos adquiridos.
—A mí me parece desopilante -observa Abel- que ahora los presentemos a los jueces como víctimas.
—Pienso -digo- en cómo se resuelven dos situaciones: por un lado la de un juez que debe ganar un monto que el otorgue la libertad necesaria para ejercer como tal; y por otro lado, la percepción de gran parte de la sociedad que considera que estos sueldos son altísimos e injustificados.
—¿Y la intangibilidad? -pregunta José.
—En todos los casos se trata de proteger a los jueces; históricamente los fueros, la intangibilidad, se establecieron para impedir que el poder central, el poder del déspota, del rey o de un Ejecutivo fuerte, condicionara o maniatara a la Justicia o a los legisladores.
—Todo muy lindo -expresa Abel- pero lo cierto es que todos sabemos que en la vida real no es así. Si empezamos con la intangibilidad vamos a ver que ese privilegio -porque así hay que calificarlo- no existe en ningún país serio; por otra parte, admitamos que los sueldos altos tampoco son garantía de honestidad e imparcialidad, porque hay jueces, por ejemplo en Buenos Aires, que exhiben propiedades y bienes que jamás hubieran podido comprar con sus sueldos altos, por lo que tengo derecho a sospechar que -como circula en el ambiente-, estos buenos caballeros obtienen recursos adicionales mediante conductas non sanctas en el ejercicio de su función.
—Si hay un comportamiento ilegal que lo resuelva la Justicia -dice Marcial.
—Eso suena también muy lindo, pero convengamos que se hace muy difícil que los jueces se juzguen a sí mismos.
—Esta es una discusión que no termina nunca -enfatizo- porque hablamos de cosas diferentes: Marcial se refiere a la ley y el cumplimiento de la ley, dos cuestiones que están unidas y en la que todos estamos en principio de acuerdo; pero Abel y José hablan de cómo se vulnera la ley y cómo en algunos casos ese comportamiento está avalado por los custodios de ese orden legal.
—”Las leyes están hechas -canturrea José- a favor del patrón, la ley no escucha al pobre, paloma, aunque tenga razón”.
—La canción es muy linda, pero no es más que eso, una canción con letra pegadiza y algo irresponsable; un orden legal está hecho precisamente para darle garantías a los más débiles, ya que los más fuertes no necesitarían de esas garantías.
—Chicanas al margen -digo- el problema de nuestro país no son las leyes sino su falta de cumplimiento y, sobre todo, su manipulación. Yo no quiero caer en una visión personalista o subjetiva de las relaciones políticas pero convengamos que si no mejoramos la calidad de la clase dirigente y, sobre todo, si no se mejora la calidad del sentido común de la sociedad, todas las leyes que hagamos van a ser corrompidas en la práctica, porque no hay ordenamiento legal que pueda imponerse a gente decidida a vulnerarlo.
—Algo de razón tiene Erdosain -señala Marcial- la designación de los jueces, por ejemplo, se hacía a través de un trámite parlamentario, y como esto se politizó de la peor manera, se creó en la última reforma constitucional el Consejo de la Magistratura que hoy muestra los mismos vicios prácticos que el régimen anterior, por lo que hay que concluir que si no se mejoran las conductas, las costumbres, los hábitos cívicos y políticos, todo lo que hagamos será inútil.
—Comparto -concluye José.