A esta altura parece ser una verdad de Perogrullo decir que en nuestro país las reformas constitucionales han estado motivadas, en más del 90% de los casos por la cause sacrée de la reelección, una tentación a la que parecen sucumbir gobernadores y presidentes más allá de facciones políticas y de buenas o malas intenciones.
Por lo menos, desde 1983 a la fecha así fue y, tal como se presentan los hechos, pareciera que así seguirá siendo más allá de retóricas políticas que con reiterada monotonía pretenden presentar a las reformas constitucionales como un objetivo en el que la reelección intenta presentarse como un tema menor, un episodio insignificante del cual conviene hablar lo menos posible, casi una anécdota comparado con las grandes y nobles metas humanistas y republicanas que inspirarían a sus promotores.
Demás está decir que una constitución –nacional y provincial- puede reformarse e incluso algunas veces debe reformarse, pero esta posible necesidad no puede perder de vista que en todos los casos lo que se discute es el poder, la calidad del poder y, en términos republicanos, la imperiosa necesidad de poner límites al poder, un “detalle” decisivo para una Argentina en la que están demasiado cercanas ciertas tradiciones de desprecio o manipulación de las instituciones.
Valgan estas breves consideraciones para advertir acerca de las implicancias de la iniciativa de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, en la cual es un secreto a voces que lo que se pretende reformar es el artículo que prohíbe la reelección del gobernador.
Digamos, en principio, que a la provincia de Santa Fe institucionalmente no le ha ido mal practicando el sistema de gobernadores con un solo mandato. La alternancia en todos los casos ha funcionado, aseguró la rotación del poder e impidió que se constituyeran linajes familiares o caudillos cesaristas, virtudes que pudieron consagrarse gracias a esta sabia disposición constitucional que ahora pretendería reformarse a iniciativa de un gobernador que hasta la fecha no ha dado manifestaciones explícitas de que se excluiría de ese posible “beneficio”.
Como se recordará, fue en la provincia de Misiones, y gracias al liderazgo de un sacerdote valiente, que se impidió que el gobernador Rovira manipulara la Constitución para asegurar su reelección. En aquel momento Rovira contó con el apoyo decidido de un Kirchner cuya posición en este tema ya había sido explicitada con elocuencia en la provincia de Santa Cruz con la reelección indefinida.
La respuesta de la sociedad oponiéndose a las manipulaciones reeleccionistas en Misiones desenmascararon a Rovira y pusieron límites a los futuros intentos reeleccionistas que se estaban tramando en el orden nacional, una valla que otra vez empieza a registrar grietas porque la ambición del poder es infinita e insaciable en tanto su lógica es durar y prolongarse en el tiempo.
Como se ha podido constatar, estas pretensiones reeleccionistas incluyen una discursividad cuyo objetivo es presentar a la reforma constitucional como la exigencia de un interés general, cuando el objetivo central que moviliza recursos y pasiones está relacionado con la personalización del poder, un impulso irresistible que solo los controles republicanos, cuando funcionan, pueden limitar.
¿Es necesario reformar la Constitución en la provincia de Santa Fe? Planteada así la pregunta se admiten las más diversas respuestas porque, efectivamente, siempre habrá buenas razones académicas para reformar las instituciones o adecuarlas a los nuevos tiempos.
Ahora bien, yendo a las realidades descarnadas de la política, pero también a aquellos objetivos institucionales considerados estratégicos para una provincia, hay un significativo consenso en admitir que la Constitución santafesina sancionada en 1962 no es anacrónica, ni presenta obstáculos insalvables para admitir algunas reformas.
Asimismo, importa insistir, una vez más, que las cantinelas reeleccionistas expresan una pretensión que va a contramano de los objetivos republicanos a los que todos los actores políticos de la provincia dicen adherir, sobre todo cuando ha podido demostrarse que toda reelección -además de ser la antesala de posteriores intentos de relección indefinida- concentra el poder, mientras que la alternancia es la garantía institucional más fuerte a favor de la distribución del poder.
En términos prácticos, se estima que no dan los tiempos para una reforma constitucional, aunque son cada vez más fuertes los rumores de que el gobierno socialista apostará muy fuerte para lograr ese objetivo. Según mediciones nacionales, más del 90 % de las reformas con reelección permitieron que el gobernador se saliera con la suya.
Seguramente también este dato será tenido en cuenta a la hora de elaborar estrategias políticas, pero lo que queda claro es que la cláusula reeleccionista no es neutral a la hora de asegurar que el gobernador disponga de los recursos del poder para continuar ejerciéndolo por un nuevo período. Por lo menos desde Alberdi en adelante, el republicanismo coincidió en destacar este punto decisivo respecto de los límites temporales al ejercicio del poder.