La Convención Constituyente inició sus sesiones en la ciudad de Santa Fe el 15 de marzo de 1921. La iniciativa fue promovida por los dos partidos políticos mayoritarios de entonces: el radicalismo y la democracia progresista. Se estableció expresamente y por unanimidad que la Convención funcionaría durante noventa días, es decir hasta el 15 de junio, fecha que luego fue prorrogada hasta el 13 de agosto.
El dato merece mencionarse, porque la duración de la Constituyente será el conflicto principal que se planteará cuando, también por unanimidad, se decida prorrogar las sesiones, motivo por el cual el gobernador radical Enrique Mosca no considerará como ley suprema de la provincia una Constitución sancionada fuera del término originario. Por último, hubo acuerdo en una reforma amplia, estableciéndose que el único tema fuera de discusión era el de la capital de la provincia, una advertencia pertinente porque desde el sur se levantaban algunas voces planteando el traslado de la capital a Rosario.
Reformar la Constitución no era una novedad en Santa Fe. Desde 1853 hasta 1900 hubo seis reformas con un promedio de una cada diez años. ¿Por qué? No hay una sola respuesta para esta pregunta, pero más de un historiador considera que las transformaciones aceleradas en la provincia durante todos estos años exigieron adecuar los instrumentos legales a nuevos escenarios sociales y políticos.
La provincia de Santa Fe, para 1853, estaba ubicada en el séptimo lugar en términos de población, desarrollo económico y político. Cuarenta años después era la segunda, gracias al aporte del aluvión inmigratorio, la colonización rural y el desarrollo de sus ciudades principales, particularmente Rosario, que en los tiempos de Caseros era casi una aldea y para fin de siglo estaba considerada la segunda ciudad del país.
En 1912 se sanciona la Ley Sáenz Peña que establece los derechos políticos para todos los ciudadanos. La primera elección para gobernador se realiza en esta provincia, ocasión en la que es elegido el radical Manuel Menchaca. En 1914 se produce el formidable levantamiento rural con centro en la localidad de Alcorta, promovido principalmente por esos mismos inmigrantes que habían iniciado la colonización rural y que por la vía de la movilización expresaban la contradicción económica cada vez más evidente entre los grupos tradicionales y los nuevos actores sociales.
En 1916 asume la presidencia de la Nación Hipólito Yrigoyen. El país se transformaba y también sus principales provincias. Urbanización, creación de universidades -en 1918 y en el contexto de la Reforma Universitaria se crea la UNL- debates políticos y académicos, nuevos partidos políticos, diarios que proponen cambios (El Litoral se funda en esas condiciones), intelectuales decididos a participar en los procesos abiertos, organizaciones sindicales que dan cuenta de la consolidación de la clase obrera, entidades gremiales como la Federación Agraria que nacen al calor de la épica del Grito de Alcorta. Y todo esto en un mundo que acaba de salir de la Primera Guerra Mundial y vive las transformaciones de un tiempo en el que las esperanzas se confunden con el miedo a repetir el horror del pasado vivido en las trincheras europeas. La Revolución Rusa, la Revolución Mexicana son acontecimientos que llegan a nuestras playas y despiertan el interés de estudiantes, intelectuales y dirigentes políticos.
Es en ese contexto de cambios, de conflictos entre los poderes tradicionales y los nuevos, de polémicas intensas alrededor de la naturaleza y la orientación de las transformaciones propuestas, que se convoca a la Asamblea Constituyente de 1921. ¿Por qué en Santa Fe? Probablemente por ser la provincia donde estos procesos de cambio se manifestaban con más intensidad.
Dicho con otras palabras, nuestra ciudad y Rosario eran en aquellos años un formidable laboratorio social, donde todos los temas de la agenda están puestos en discusión. Las nuevas libertades y derechos, las relaciones del poder político con el poder espiritual, los reclamos de chacareros, arrendatarios contra las condiciones leoninas de los contratos, la organización del movimiento obrero, las relaciones del poder político provincial con los municipios y con el poder nacional, los nuevos derechos sociales dan cuenta de un clima de época tal vez inédito e irrepetible.
En las aulas universitarias, en los locales partidarios, en los sindicatos, en la calle y en los bares se discuten las novedades del día. La presencia avasallante de estudiantes, masones, militantes católicos, liberales avanzados, socialistas reformistas crean el contexto que hará posible la institucionalización a través de una Asamblea Constituyente de este novedoso y rico proceso de modernización que, como tal, incluye sus luces y sombras, sus excesos y reacciones.
A nadie le debería sorprender que en un clima de aspiraciones de cambio, las polémicas estén a la orden del día. Todo se discute en esos meses: desde el lugar donde sesionarían los constituyentes a la calidad de las elecciones, los derechos de los trabajadores y de las mujeres, el rol de los municipios, los alcances del voto universal, la estabilidad de los empleados públicos, las funciones deseables e indeseables del Estado.
Se sabe que el tema religioso, y particularmente las relaciones de la Iglesia Católica con el Estado, fue uno de los factores que dividió en trincheras antagónicas a los convencionales, pero sin desconocer la gravedad de ese conflicto, habría que señalar que las primeras diferencias se manifestaron entre lo que por comodidad se denominarán los intereses del norte y los del sur de la provincia.
Ya para 1921, el Partido Demócrata Progresista actuaba en la política provincial y fue uno de los promotores de esta reforma. El PDP fue precedido por la Liga del Sur, fundada por Lisandro de la Torre en 1908 y cuyo objetivo político estaba planteado en su mismo nombre, es decir, representar básicamente los intereses de Rosario y el sur de la provincia, supuestamente avasallados por la incompetente burocracia santafesina.
El PDP representa una experiencia más amplia, la preocupación por formular políticas para la Nación y la provincia, pero convengamos que las presiones del sur siempre encontraron en este partido el cauce donde expresarse. Asimismo, en estos años, el PDP se define como un partido liberal y laico. Sus dirigentes, mayoritariamente agnósticos o deístas, participaban activamente en las logias masónicas.
De todos modos, el conflicto norte-sur estará presente en los inicios mismos de la Constituyente. Las disidencias deben haber sido importantes porque los representantes del sur se retiraron durante casi un mes de la sesiones. Finalmente se arribó a un acuerdo provisorio y las sesiones se reanudaron a partir del 14 de mayo, pero mientras tanto se había perdido un mes valioso, lo que obligó a los convencionales a prorrogar la sesiones por sesenta días más, prórroga que la mayoría de los constitucionalistas consideraron ilegal, lo que dará pie para que el gobernador Mosca dejara en suspenso los efectos de la flamante Constitución. ¿Tan puntilloso era Mosca con estos temas? Diría que más que puntilloso era obediente, ya que hay buenas razones para sospechar que su decisión obedeció a una “sugerencia” dada por el presidente Yrigoyen a través de un célebre telegrama, en el que con su clásico lenguaje forjado en la media palabra advierte sobre los riesgos para la Nación de que en Santa Fe se sancione una Constitución que instale otra vez el enfrentamiento entre argentinos por motivos religiosos.
O sea que para impedir la vigencia del texto sancionado, invocó una causa formal, la prórroga de las sesiones que, dicho sea de paso, había sido una iniciativa aprobada por unanimidad. Y una causa política, relacionada con la cuestión de la separación de la iglesia del Estado y la supresión de la palabra Dios en el prólogo y los primeros artículos. El fantasma de Nicasio Oroño regresaba a Santa Fe con todos sus fueros.
La reforma constituyente de 1921 sentó un precedente institucional importante, al punto de que muchos años más tarde los principales dirigentes políticos de la época recordaban con algo de nostalgia y algo de orgullo aquella convención en la que una renovada clase dirigente intentó promover un conjunto de reformas avanzadas que finalmente fracasaron o se postergaron para tiempos mejores.
En efecto, cuarenta años después, dirigentes demoprogresistas, radicales y socialistas se referían habitualmente a La Constituyente de 1921 para dar cuenta de una tradición genuina a favor del constitucionalismo social y de las resistencias que estas reformas promovían en los grupos de poder más tradicionales. Para políticos como Lisandro de la Torre, Luciano Molinas o un honorable librepensador como Luis Bonaparte, la reforma constituyente fue una esperanza y un fracaso; la esperanza de reformar la sociedad a partir de las iniciativas legales y el fracaso al que una cultura conservadora condenaba a estas propuestas.
No está de más recordar que seis años después de las jornadas constitucionales de 1921, en la provincia de San Juan, el gobierno de los hermanos Cantoni sancionó una constitución que reconocía los derechos sociales, fortalecía las autonomías de los municipios y legalizaba el voto de la mujer, un dato que merece destacarse ya que fue en San Juan donde por primera vez en la Argentina se constituyeron mesas electorales femeninas y las mujeres ingresaron al cuarto oscuro para elegir al candidato de su preferencia.
La constitución de San Juan fue aprobada, pero cuando se interviene esa provincia, la primera decisión de las flamantes autoridades fue derogarla. Algo parecido ocurrió en Santa Fe en 1932, cuando la Democracia Progresista llegó al gobierno y una de las primeras decisiones del gobernador Luciano Molinas fue poner en vigencia la Constitución de 1921.
Controvertido o no, la “excusa” de Molinas produjo sus resultados y durante casi tres años ésta fue la Constitución de la provincia. ¿Final feliz? No tanto. Para 1935 el radicalismo, liderado por Amadeo Sabattini, ganó en la provincia de Córdoba. El régimen conservador podía permitirse una provincia en disidencia, pero no dos. Si Córdoba era opositora, Santa Fe debería reintegrarse a la hegemonía de la Concordancia. ¿Cómo hacerlo? Mediante el recurso de la intervención federal. ¿Con qué argumento? La ilegalidad de la Constitución de 1921.
No deja de llamar la atención el fracaso de las avanzadas iniciativas reformistas de aquellos años. Y, sobre todo, no deja de sorprender que en los casos de Santa Fe en 1921 y de San Juan en 1929, la responsable de estas frustraciones haya sido la UCR, el partido que al mismo tiempo proponía la lucha contra lo que calificaba como el régimen “falaz y descreído”.
Retornando a Santa Fe, los testigos de aquellos años ponderan el clima de renovación de ideas y el entusiasmo político que existía, la fe compartida de que la voluntad podía hacer realidad la noción de progreso. Mencioné al pasar a un hombre como Luis Bonaparte, reformista, laico y masón, alguien convencido del rumbo justiciero de una historia que no necesitaba ni de amos ni de dioses para realizar su cometido. Algo parecido podría decirse de hombres como Salvador Caputto, Plácido Maradona y Enrique Thedy.
Las expectativas reformistas alcanzaban también a políticos radicales como Armando Antille, por ejemplo, aunque tal vez los exponentes más representativos de una corriente radical inspirada en orientaciones reformistas avanzadas hayan sido los hermanos Alcides y Alejandro Greca. Oriundos de San Javier, pertenecientes a una familia con recursos suficientes para brindarle a sus hijos carreras universitarias, estudiaron en la ciudad de La Plata donde incursionaron en las agrupaciones ácratas de su tiempo y cultivaron la amistad de dirigentes de izquierda, relaciones que no les impidieron -cuando retornaron a Santa Fe con sus títulos profesionales- incorporarse a la UCR y constituirse en dirigentes que habrán de gravitar en la vida política de su provincia durante largos años.
Tal vez uno de los rasgos distintivos de ese tiempo histórico, fue ese tipo de líder político proveniente de familias de las nuevas clases medias acomodadas e identificados con lo que consideraban las ideas más avanzadas de su tiempo, identificación que no les impedía continuar perteneciendo a la clase social que decían combatir.
Lo que vale para los Greca vale para los Cantoni en San Juan, los Lencinas en Mendoza, los Laurencena en Entre Ríos y, en una sintonía más socialista, para dirigentes como Antonio Di Tomaso, Federico Pinedo o Benito Marianetti, cuyo liderazgo en la izquierda mendocina no lo inhabilitaba a residir en el muy distinguido barrio de Chacras de Coria, donde escribía sus libros y debajo de su firma estampaba con discreto orgullo la dirección de su elegante residencia.
Digamos que los hijos de las clases medias y altas de forja liberal podían inclinarse en esos años hacia la izquierda, un fenómeno habitual en América Latina donde fueron los intelectuales provenientes de las clases burguesas los que se identificaban con las ideas renovadoras.
Todo esto estuvo presente en este verdadero punto de inflexión de la historia santafesina que fue la reforma constituyente de 1921. Tal vez de manera inocente o, por lo menos, no tan consciente, estos hombres continuaban añejas luchas y en cierto modo se sentían herederos de las tradiciones reformistas promovidas por los exponentes más lúcidos y audaces de la Generación del Ochenta.
La esperanza o la ilusión de que la lógica del liberalismo podía conducir al socialismo estuvieron presentes en esas sesiones cuando un liberalismo avanzado y un socialismo reformista se dieron la mano. Su fracaso -por lo menos su relativo fracaso- fue también el fracaso de esas políticas que intentaron iluminar su tiempo en un mundo donde en el horizonte ya se avizoraban las acechanzas de las guerras y las temidas soluciones totalitarias.
El reconocimiento de estos datos de la realidad, no significa aprobar a libro cerrado cada una de las iniciativas de este liberalismo avanzado o desconocer los argumentos que presentaban quienes se oponían a estas reformas. Particular protagonismo desplegó en esos años la Iglesia Católica a través de sus instituciones laicas, sus periódicos y sus propios intelectuales y políticos, incluidos algunos sacerdotes que no vacilaban en sumarse con su elocuencia al intenso debate político de entonces.
A modo de síntesis, podría decirse que en la Constituyente de 1921 se presentaron dos conflictos centrales que a su vez reprodujeron otros conflictos. El primero, de tipo regional, entre el sur y el norte o entre Santa Fe y Rosario. La cuestión regional no alcanzaba a disimular intereses económicos y conflictos que se arrastraban desde hacía décadas y que hasta la fecha no terminaron de superarse.
El segundo problema fue -por decirlo de alguna manera- religioso; las ásperas diferencias entre un laicismo iluminista y un catolicismo que oscilaba entre el ultramontanismo y las nuevas inquietudes sociales promovidas por la encíclica Rerum Novarum. En este campo, la disputa fue dura y los protagonistas no mezquinaron críticas, ironías y agravios.
Algunos fragmentos de discursos tal vez expresen el clima de los debates. Dijo Luis Bonaparte: “El catolicismo, vencido en la ciencia, la opinión y el espíritu, anda en pretérito y añora su medieval dictadura. Que haga carpa aparte como las demás religiones, dejando de diezmar económicamente al pueblo”.
La respuesta de Luis María Mattos no se hizo esperar: “La supresión de Dios es temeraria porque arremete contra los sentimientos, las tradiciones y las costumbres de un pueblo. Son decisiones que van en contra de las enseñanzas de la historia, del sentido común y hasta en contra del sentido natural del hombre”.
Voltaire contra Chesterton. El duelo recorre el tiempo de la modernidad y aún no se ha zanjado. Pero en 1921, Yrigoyen, que estaba más cerca de Chesterton que de Voltaire, resolvió a través de discretas pero eficaces diligencias, que la Constitución no tuviese vigencia.