En octubre de 1947, el 10 de octubre para ser más preciso, la Gendarmería Nacional en Formosa disparó a mansalva contra una multitud de indios. Como consecuencia de la balacera y de las posteriores actividades represivas que se extendieron durante una semana, se estima que murieron alrededor de setecientos u ochocientos indios, matanza que incluyó a hombres, mujeres y niños, matanza sistemática, fría, deliberada porque el objetivo era no dejar testigos. ¿Genocidio? Reúne todos los componentes de un genocidio, pero por lo pronto y gracias a las denuncias e investigaciones realizadas en los últimos diez años, se considera que lo sucedido merece ser calificado de crimen de lesa humanidad.
La masacre de indios ocurrió en el entonces territorio nacional de Formosa, en el paraje denominado La Bomba o Rincón Bomba, a pocos kilómetros de la localidad de Las Lomitas. La orden de ejecutarlos fue el desenlace tal vez previsible de una serie de atropellos, corruptelas e insensibilidades que incluyeron a empresarios y comerciantes explotadores, a funcionarios judiciales, jefes militares y dirigentes políticos.
Los hechos -conviene insistir- ocurrieron en octubre de 1947, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, cuya responsabilidad institucional en la masacre es ineludible por partida doble: porque podría haberla evitado con una orden o un gesto, pero sobre todo porque después no hizo nada para asumir las consecuencias de la tragedia o, para ser más preciso, lo que se decidió hacer fue el más profundo silencio, apostando a que nadie iba a mover un dedo por los indios masacrados en Formosa. La apuesta fue infame pero no del todo equivocada porque, efectivamente, el silencio fue absoluto, salvo en los primeros días de la tragedia cuando todos los diarios nacionales, todos sin excepción, justificaron la represión en nombre del orden, las buenas costumbres y la necesidad imperiosa de poner fin a los supuestos e improbables malones indios. John Wayne y el general Custer hubieran sido más prudentes y sensibles.
¿Cómo se produjeron los hechos y cómo se llegó a ese desenlace trágico? Una respuesta tentativa señalaría que se sumaron canalladas, torpezas, corruptelas e indiferencias. El resultado de esa sucesión de errores produjo cientos de indios muertos. Todo comenzó cuando el ingenio San Martín del Tabacal, propiedad del terrateniente salteño, Robustiano Patrón Costa, contrató indios para la cosecha de caña de azúcar con la promesa de pagarle seis pesos diarios. Desde Formosa, cientos de indios con sus hijos y mujeres marcharon hacia esa promesa de trabajo. Lo hicieron a pie, padeciendo hambre, calor y sed. Trabajaron de sol a sol y cuando fueron a cobrar, los seis pesos se habían reducido a 2,50. Protestaron, pero ¿quién iba a escuchar los enojos de indios zaparrastrosos? Don Robustiano dio la orden de desalojarlos de sus campos y así lo hizo una policía preparada para ese tipo de faenas. Otra vez la peregrinación hacia Formosa; otra vez los rigores del calor, la falta de agua y alimentos, otra vez la certeza de saberse solos y desgraciados.
Llegaron hasta la zona cercana a Las Lomitas. No fueron los únicos. Desde muchos lugares, desde Pozo Molina, El Descanso, Las Palmas, hombres, niños y mujeres confluyeron hacia la zona donde se aseguraba que estaba el cacique sanador Luciano Córdoba. Él les iba a dar alguna respuesta, tal vez una mínima esperanza y consuelo. Más de seis mil o siete mil indios de diferentes tribus, pilagás, wichis, tobas, mocovíes, se amontonaron en esos parajes. Hambre, desolación y enfermedades. Las mujeres iban a mendigar al pueblo. Los vecinos se alarman: son indios, son sucios, feos y malos. La Gendarmería a pedido del presidente comunal y con la venia del gobernador interventor se ocupa del tema. En principio llegan los escuadrones con hombres armados que vigilan. El jefe es el comandante Emilio Fernández Castellanos. Está preocupado. Puede que sospeche un desenlace trágico, motivo por el cual se conecta con sus superiores. Se hacen gestiones para hallar una solución. El ministro del Interior, Ángel Borlenghi, dice estar preocupado por el tema; algo parecido expresa el ministro de Guerra José Humberto Sosa Molina. Ya vamos a ver cómo resolvieron su preocupación.
Mientras tanto los caciques hacen gestiones. No piden mucho pero piden. Algunos de ellos declaran ser peronistas. ¿El gobierno de la patria libre, justa y soberana no se va a acordar de nosotros? Por supuesto que se acuerda. Según se dice, el propio Perón ordena que salga desde Buenos Aires un tren de la línea Belgrano con tres vagones con alimentos, ropa y medicinas. El tren llega a Formosa a fines de septiembre y allí se quedan los tres vagones. El delegado de la Federación Nacional Aborigen, el compañero Miguel Ortiz empieza a hacer de las suyas. Tres vagones con alimentos y ropa es un buen botín, piensa, un buen botín para vender en Formosa. Es lo que hace. Pasan los días, algo se vende pero el resto de los alimentos; pan, grasa, latas con conservas, quedan estacionados en medio del sol.
El gobernador Rolando de Hertelendy interviene y ordena que los dos vagones marchen hacia Las Lomitas. ¿Y el tercero? Desaparecido en acción. Más de una semana al sol los alimentos están podridos. El jefe del escuadrón Emilio Fernández Castellano se lo advierte al compañero Miguel Ortiz, pero éste asegura que no va a pasar nada, que una galleta un poco verde no le hace mal a nadie y mucho menos a los indios. La comida se reparte y a las pocas horas comienzan las descomposturas, los vómitos y finalmente la muerte.
Se estima que veintisiete indios murieron intoxicados. Fernández Castellano lo increpa al compañero Ortiz y éste le responde en su estilo: ¿Por qué tanto ruido por unos indios rotosos? Fernández Ortiz lo derriba al compañero de un sopapo. Importa el detalle, porque Fernández Ortiz, militar de su tiempo que llegado el momento no le va a hacer asco a la represión, es sin embargo el único que intenta practicar algo parecido a la justicia.
Sometidos, humillados, los indios sin embargo se rebelan. A su manera y con sus escasos recursos. No están armados ni tienen posibilidades de armarse, pero protestan. En Las Lomitas cunde el miedo y la alarma. Todo confluye hacia la jornada del 10 de octubre a las seis de la tarde. El jefe de Gendarmería, el comandante Aliaga Pueyrredón convoca a los indios a un encuentro a campo descubierto para dialogar. Los caciques encabezan la marcha; acompañados por los hombres sus mujeres y sus hijos. Algunos llevan retratos de Perón y Evita. Pobres. Ingenuos e indefensos marchan a la muerte. Los gendarmes aguardan con sus ametralladoras y armas largas. Cuando los indios llegan a La Bomba, Aliaga Pueyrredón ordena disparar. Y allí comienza la masacre. Los indios mueren como moscas. Escapan hacia los bosques y los persiguen, la persecución va a durar días. Los indios conocen el monte, pero las luces de bengalas iluminan todo y después llegan los tiros de gracia. El operativo es completo. Para que nada falte al infierno, desde El Palomar salió un avión de combate para terminar con los indios acusados de atacar a cristianos y organizar malones. Repito: el Ku Klux Klan hubiera sido más piadoso.
Sesenta años después el cacique Alberto Navarrete, que en 1946 era un niño, declara con su español precario: “Yo me estoy acordando del 47. Gente amontonada en el madrejón. Gendarmería disparó. Nosotros pudimos correr al monte. Yo visto eso. Yo declaré eso. Eran seis de la tarde. No teníamos armas nosotros. Correr nomás. Ellos tenían ametralladoras. No sabemos qué pasó con todos, con las tolderías. Antes ya habían muertos envenenados. Yo visto eso. Mucho visto tirado. No sé si los enterraron. Nosotros queremos saber”.
Cumplida la faena civilizatoria llegó la orden de enterrar a los muertos, y trasladar a los vivos a alguna reserva para que se dejen de joder. Después el silencio. Nadie habló, nadie vio nada, nadie escuchó nada. El gobierno nacional y popular iniciaba su gestión con una masacre que sus seguidores nunca reconocieron como tal, porque, ya se sabe, matar indios no es masacre. El compañero Insfrán ya contaba con ilustres antecesores.